Por Julio Borges
Un reciente informe de Transparencia Venezuela nos coloca en contexto sobre la gravísima realidad venezolana en cuanto a la penetración del crimen organizado en todas las esferas de la vida pública. El estudio conocido como “Taxonomía del crimen: Los 9 bloques delictivos que controlan Venezuela” hace una radiografía completa de cómo surgieron, cómo operan y cómo se financian 9 organizaciones delictivas en Venezuela.
Los 9 bloques delictivos de Venezuela están conformados por megabandas, seudosindicatos, guerrillas, pranes, holding de corrupción, carteles, boliches, colectivos y bandas criminales. Del informe, me llamó la atención que estas 9 agrupaciones fueron encubadas o fomentadas bajo alguna decisión del Estado. Las megabandas crecieron al calor de la impunidad impulsada desde el sistema de justicia, así como de la política de “zonas de paz” decretada por el régimen de Nicolás Maduro en 2013. Igualmente, los carteles y las guerrillas han sido recibidas en Venezuela con beneplácito, desmantelándose las propias capacidades del Estado para luchar contra el delito del narcotráfico. No hay que olvidar que la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, indicó en el 2020 que “en Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.
Sobre la corrupción hay un dato particularmente interesante del informe. Hasta el momento, la corrupción venezolana ha llegado a más de 70 países, se trata de un cáncer que ha hecho metástasis y tiene sus tentáculos en casi todo el mundo, tanto democrático como no democrático. “La corrupción en Venezuela ha adquirido dimensiones internacionales, fiscalías, tribunales y parlamentos más de 20 países han abierto hasta agosto de 2019 un total de 50 investigaciones. Ya en el primer trimestre de 2020 Transparencia Venezuela había contabilizado cerca de 78 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos”, dice el escrito. Es un problema serio, que nos pone en alerta sobre un fenómeno que busca generar desestabilización a nivel mundial. Se constituyen redes para lavar dinero en el mundo, así como para promover el comercio ilícito de oro, con el fin de financiar la represión en Venezuela. En otras palabras, el holding de corrupción es en esencia un apéndice del Estado, en el sentido de que es una red dirigida desde el poder central para saquear el erario.
La existencia de un Estado criminal en Venezuela, que promueve el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción es el mayor foco de desestabilización de América Latina. Esta misma semana en Colombia se anunció la captura de 19 personas que estarían vinculadas a la denominada estructura delincuencial conocida como El Tren de Aragua, la cual estaría implicada en hechos de homicidio y tortura en la capital colombiana. Esta megabanda tiene su centro de operaciones en una cárcel venezolana conocida como “Tocorón”, desde donde su cabecilla imparte instrucciones con total impunidad para secuestrar, descuartizar personas, cometer homicidios, traficar personas en toda la región, recordemos que se han detectado células de esta organización criminal en Brasil, Colombia, Perú y Chile.
Muchos líderes tienden a percibir esta realidad como lejana o incluso a restarle significación, pues parte de la idea de que el problema venezolano deben resolverlo los venezolanos, sin percatarse que ya este fenómeno dejó de ser sólo venezolano. Ya esta compleja realidad rebasó nuestras fronteras y no es que la casa del vecino se está incendiando, es que la tuya ya agarró candela. La crisis política y de derechos humanos ocasionada por Maduro, ha venido acompañada por una destrucción absoluta del Estado de derecho y de la institucionalidad en su totalidad, de una promoción del crimen organizado y de un reforzamiento de la corrupción. Todo ello constituye un peligro mayúsculo para una región ya asediada por la desigualdad social, las redes de delito y la violencia.
Por eso América Latina debe construir un gran bloque que contribuya a motorizar una solución regional para Venezuela. La continuidad de la dictadura de Maduro no solo es la continuidad de la migración, sino también la continuidad del crimen organizado y la violencia desmedida. Es también la continuidad de la agenda de potencias antioccidente como Rusia, China, Cuba e Irán en la región. Es la posibilidad de que la democracia y los derechos humanos se extingan en este hemisferio. Por eso, aunque suene complejo, la región debe montarse en sus espaldas el caso de Venezuela, movilizar esfuerzos internacionales para que el próximo año se celebren como corresponden elecciones competitivas.
La intención de Maduro es convocar a unas elecciones sin ningún tipo de garantías democráticas, con los candidatos de la oposición inhabilitados, sin observación internacional calificada, con la prensa amordazada y bajo un clima de represión sobre las fuerzas democráticas inaceptable. Por lo tanto, solo una acción de las democracias latinoamericanas, conjuntamente con el apoyo de Estados Unidos y Europa, acompañada a su vez de la lucha del pueblo venezolano, puede disuadir la intención de Maduro de robarse nuevamente la elección y prolongar el desastre político-institucional de su modelo.