El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó este lunes que el ente comicial ha ejecutado el 62% del cronograma electoral rumbo a las cuestionadas elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo, un proceso fuertemente marcado por irregularidades, exclusiones y denuncias de falta de garantías democráticas, en el contexto de un órgano electoral secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro.
“Al día de hoy hemos alcanzado un 62% de ejecución del cronograma electoral, reflejo del compromiso institucional”, expresó Amoroso en un comunicado oficial.
Sin embargo, lejos de representar un avance democrático, el anuncio ignora los numerosos retrasos, trabas técnicas, inhabilitaciones políticas y vetos discrecionales que han caracterizado este nuevo proceso electoral, controlado —al igual que el del pasado 28 de julio— por un CNE que actúa como brazo operativo del poder autoritario de Miraflores.
Un cronograma viciado desde el inicio
Aunque el CNE presentó la aprobación del Registro Electoral Definitivo, la instalación de organismos subalternos, la escogencia de posición en boleta y el cierre de postulaciones como “hitos”, omitió señalar que la auditoría del Registro Electoral se realizó con una semana de retraso, y que el sistema automatizado para postulaciones presentó fallas durante al menos cuatro días, impidiendo a partidos políticos completar sus candidaturas en los plazos establecidos.
Asimismo, múltiples actores políticos y tarjetas fueron inhabilitados arbitrariamente, mientras que otras organizaciones fueron aprobadas de manera exprés, favoreciendo alianzas afines al régimen.
Una de las más graves contradicciones del proceso es que, aunque se registraron 36.986 postulaciones correspondientes a 6.687 candidatos, la mayoría de los partidos democráticos agrupados en la Plataforma Unitaria decidieron no participar, alegando que no existen condiciones mínimas de transparencia ni garantías de respeto a la voluntad popular, especialmente después del fraude electoral del 28 de julio de 2024, cuando se impuso ilegalmente la reelección de Nicolás Maduro, ignorando los resultados que dieron como ganador al presidente electo Edmundo González Urrutia.
El espejismo de la “paridad de género” y la supuesta participación
El CNE también afirmó que se cumplió el principio de paridad de género, con una supuesta participación de 46,07% de mujeres en las postulaciones. No obstante, este argumento resulta insuficiente para maquillar un proceso donde las garantías democráticas han sido anuladas, y donde el voto ha dejado de representar una herramienta efectiva de cambio.
Organizaciones políticas claves, como el Movimiento al Socialismo (MAS), Unión y Progreso y Puente, no fueron habilitadas para postular candidatos. Tampoco lo fue el Movimiento por Venezuela (MPV), a pesar de haber intentado participar.
En contraste, la tarjeta Unión y Cambio, atribuida a Henrique Capriles, fue aprobada rápidamente, así como se permitió la participación de Un Nuevo Tiempo (UNT), lo que ha sido duramente criticado por sectores de la oposición como una maniobra para dividir al antichavismo y dar apariencia de pluralidad a un proceso bajo control absoluto del régimen.
