Una semana después del inédito operativo militar estadounidense que neutralizó a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, los habitantes de Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, siguen viviendo entre el temor y la incertidumbre. Según un reporte del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en la región minera impera el silencio y el miedo a posibles represalias.
La intervención conjunta comenzó la mañana del martes 9 de junio. Los pobladores recuerdan el sobrevuelo a baja altura de helicópteros y fuertes detonaciones en las áreas de extracción de oro, antes de conocerse la magnitud del despliegue enfocado en desmantelar las células del Tren de Aragua que controlaban la zona.
Un trasfondo que va más allá del crimen organizado
Para parte de la población local, el operativo esconde una lectura geopolítica que no pasa desapercibida: la acción militar coincidió con la llegada de inversionistas extranjeros al municipio El Callao, donde se realizó una inspección técnica en la estatal Minerven.
«La limpieza de las minas es para entregarlas a los gringos. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene», expresó una vecina de Las Claritas que pidió proteger su identidad.
Con información El Nacional
Dudas sobre cuándo y cómo ocurrió el ataque
La noche del viernes 12 de junio, el presidente Donald Trump informó que coordinó un ataque letal contra Guerrero Flores. El régimen de Delcy Rodríguez confirmó posteriormente la información. Sin embargo, el escepticismo persiste en las comunidades: no se conoce con precisión la fecha exacta del fallecimiento, y los habitantes dudan si ocurrió el mismo viernes del anuncio o el martes, cuando se registraron los combates más intensos en los yacimientos.
El régimen venezolano, que previamente había sido acusado de complicidad y de permitir la presencia de grupos irregulares armados en las minas, mantiene silencio sobre los detalles del caso.
«El día después de que dijeron lo de la muerte de Niño Guerrero, solamente escuchamos helicópteros, autobuses saliendo y mineros abandonando las minas. El viernes lo que se escuchó fue una explosión, los helicópteros y vimos una nube de humo negro. El pueblo como si no pasara nada, pero pendientes de lo que pueda ocurrir», relató una comerciante de Kilómetro 88, también bajo condición de anonimato.
El abandono que dejó el territorio en manos del crimen
Los testigos consultados por Provea expresaron temor a represalias por hablar sobre lo ocurrido. La organización fue categórica en su diagnóstico: «Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas ni asistencia institucional».
Provea exigió que la lucha contra el crimen organizado se libre resguardando la seguridad y los derechos fundamentales de la población, la misma que la dictadura dejó desprotegida durante años.
