(Fuente: El Nacional) La administración del presidente de Chile, Gabriel Boric, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de no cooperar en las devoluciones de ciudadano con decreto de expulsión de su territorio.
Los decreto de expulsión de su territorio emitidos por las autoridades chilenas deben hacerse efectivas en un plazo de 48 horas desde que se comunica la resolución a Venezuela.
«Tenemos expulsiones que llevan meses tratando de ejecutarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas; no puedes retener a una persona más de 48 horas antes de expulsarla», aseguró el miércoles la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá.
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El diario chileno El Mercurio también afirmó que el régimen no colabora para la gestión de las más de 20 mil expulsiones pendientes, de las cuales siguen sin ejecutarse desde hace meses.
La ministra también comunicó que su gabinete está trabajando en duplicar esas 48 horas y tener así un mayor margen temporal, aunque afirma que hay otro grupo parlamentario cuya opinión es la de ampliar el plazo 24 horas extra.
Amnistía Internacional acusa a Chile de poner en peligro a refugiados venezolanos
La Amnistía Internacional ha afirmado que el Estado de Chile no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de refugiados con respecto a los refugiados venezolanos.
La ONG ha asegurado que el país chileno pone en peligro a los venezolanos que huyeron de su país y buscan protección.
En un nuevo informe, el cual es titulado «Nadie quiere vivir en clandestinidad», Amnistia Internacional documentó la desprotección de los venezolanos refugiados en Chile.
“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.