(Fuente: EFE / El Carabobeño) El gobierno de Estados Unidos ha acusado a diez hombres, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses por evadir sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
Con información de EFE
Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, en violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, según la acusación.
Las piezas incluían motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Uno de los acusados, George Clemente Semerene Quintero, de 60 años, fue arrestado el viernes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
Los acusados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, según la Fiscalía.
Entre las empresas figuran la costarricense Novax y la española Aerofalcon.
Los acusados por violar sanciones a PDVSA
Los acusados vinculados a PDVSA son cuatro. El coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera. También Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones. Además de Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, fr 58, empleado ubicado en Venezuela.
De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años,y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
