El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que, entre 2024 y 2025, quince españoles “injustamente retenidos” en cárceles venezolanas han sido liberados, un logro atribuido a las gestiones del gobierno de Pedro Sánchez. La declaración, hecha en el Senado español, responde a las críticas del senador Íñigo Fernández (Partido Popular), quien cuestionó la efectividad del Ejecutivo en la liberación de presos políticos españoles en Venezuela.
Albares defendió su labor, afirmando que el gobierno trabaja “todas las semanas” con las familias de los detenidos, calificando la pregunta de Fernández como “irresponsable” por “jugar con la suerte” de los presos.
“Para mí son personas de carne y hueso, con nombres, injustamente retenidos”, enfatizó.
Sin embargo, Fernández replicó que es “mucho más irresponsable” dejar a los detenidos “abandonados a su suerte”, señalando que las familias consideran “nula” la gestión de Sánchez.
En mayo de 2025, el gobierno español confirmó que 14 ciudadanos españoles permanecían detenidos arbitrariamente en Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y residentes en el país, salvo dos vascos arrestados en 2024 por supuestos vínculos con un complot contra Nicolás Maduro. Entre los liberados, dos presos políticos españoles fueron excarcelados condicionalmente el 16 de noviembre de 2024, tras el anuncio del fiscal chavista Tarek William Saab de revisar 225 casos postelectorales.
Familiares, como Verónica Noya, hermana de Fernando Noya, detenido desde mayo de 2020, han denunciado la inacción del gobierno español, exigiendo mayor presión diplomática. La Misión de la ONU ha calificado estas detenciones como parte de un patrón de represión sistemática, con torturas y desapariciones forzadas.
El Partido Popular y Vox han acusado a Sánchez de “abandonar” a los presos, especialmente a aquellos con doble nacionalidad, tratados como “ciudadanos de segunda”. Vox fue más lejos, señalando a Sánchez como “cómplice” de Maduro por no exigir con firmeza la liberación de todos los detenidos. Estas críticas se intensifican ante la percepción de que países como EE. UU. han logrado avances en la liberación de sus ciudadanos, mientras España no.
El caso de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, acusados de pertenecer al CNI español y de planear un magnicidio, destaca la narrativa del régimen para justificar detenciones. El Ministerio de Exteriores convocó a la embajadora venezolana en Madrid en septiembre de 2024 para exigir su liberación, pero los resultados han sido limitados.
