La Audiencia Nacional de España ha archivado una causa abierta con el empresario venezolano Alejandro Betancourt por el presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares norteamericanos procedentes de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) porque en el país sudamericano se sobreseyó la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.
Santiago Pedraz, juez encargado, ha archivado la investigación respecto al empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del 2025 y luego puesto en libertad, confirmaron a EFE fuentes jurídicas.
Esta investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos habrían cometido blanqueo de activos mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en el 2012 por parte de Pdvsa y la empresa privada Administradora Atlantic.
Con información de El Nacional
Sin embargo, la Justicia venezolana archivó en 2023 la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, como argumentó ante la Audiencia Nacional el empresario venezolano investigado y ha confirmado Pedraz, tras remitir una comisión rogatoria.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archiva la causa. «No hay pues delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (…) exige no sólo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva», señala el juez en su auto, al que tuvo acceso EFE.
Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la Justicia venezolana determinó que «el préstamo a Pdvsa y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito» y dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.
Además, Pedraz archiva la causa también en lo referido a un delito contra la Hacienda Pública española, al entender que la alegación de la Fiscalía al respecto era genérica, no concretaba una base fáctica ni señalaba qué elusión de impuestos había podido cometer el investigado.
