Una coalición de organizaciones nacionales e internacionales, lideradas por SOSOrinoco, han denunciado que las recientes Licencias Generales (51A, 54 y 55) emitidas por la OFAC representan un «peligroso retroceso» que pone en riesgo la Amazonía y el sistema financiero global.
Las ONG advierten que estas medidas, que autorizan transacciones e inversiones en el sector minero venezolano, podrían convertir a Estados Unidos en un «participante de facto en el saqueo de la Amazonía».
Con información de El Nacional
Las tres licencias bajo la lupa
El comunicado desglosa el impacto de las nuevas normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros:
- GL 51A: reabre canales comerciales para el oro de origen venezolano bajo supervisión de Estados Unidos
- GL 54: calificada como el «punto de inflexión», permite acuerdos de inversión que podrían beneficiar a sitios mineros controlados por grupos armados y redes criminales.
- GL 55: actúa como un «facilitador silencioso» al permitir negociaciones y contratos futuros antes de que existan reformas reales de gobernanza en el país.
Un sector «capturado y criminalizado»
La sociedad civil recalca que la minería en Venezuela, bajo el modelo del Arco Minero del Orinoco, no es una industria convencional. Denuncian que entidades estatales como Minerven y la CVM operan en coordinación con grupos irregulares como el ELN, las FARC-D y el Tren de Aragua.
«Se calcula que entre 80% y 90% de la producción de oro de Venezuela ha eludido los
canales formales del Banco Central. Sin una contabilidad pública completa, dólar por dólar,
estas licencias corren el riesgo de formalizar flujos de ingresos opacos que sustentan
directamente la corrupción, el narcotráfico, la financiación del terrorismo y el conflicto. No se
trata meramente de una cuestión de cumplimiento normativo; es una cuestión de gobernanza,
de lucha contra el blanqueo de capitales y de financiación de conflictos«, señala el documento.
Impacto ambiental y humano
El comunicado subraya las consecuencias devastadoras de la actividad minera actual:
- Ecocidio irreversible: uso ilegal de mercurio e invasión de parques nacionales.
- Violaciones de derechos humanos: explotación de comunidades indígenas, trabajo forzado y propagación de enfermedades como la malaria.
- Contaminación financiera: advierten a bancos y refinerías que el oro venezolano sigue siendo de «alto riesgo» y podría derivar en futuros litigios por incumplimiento de normativas de la OCDE y la UE.
Exigencias al gobierno de Estados Unidos
Las organizaciones firmantes, entre las que destacan Global Witness, Survival International, Laboratorio de Paz y Clima21, exigen medidas inmediatas:
- Revocación inmediata de las Licencias 51A, 54 y 55.
- Restablecimiento de sanciones totales contra Minerven y la CVM.
- Aplicación de normas estrictas (estilo «Ley Lacey») para evitar el ingreso de minerales vinculados a la destrucción ambiental.
- Transparencia radical: condicionar cualquier exención a pruebas independientes de que las cadenas de suministro están libres de conflictos.
«La transparencia no es opcional: es la condición para la legitimidad», concluye el comunicado, haciendo un llamado a las refinerías responsables a rechazar cualquier oro procesado bajo estas nuevas licencias.
El documento fue suscrito por SOSOrinoco, Global Witness, Survival International, FACT Coalition, Environmental Investigation Agency US., A.C. Chunikai, Asociación Watunna Venezuela, Fundación AguaClara, Laboratorio de Paz, Clima21 y Grupo Emergencia Humanitaria Compleja en Agua.
