El vicecanciller hondureño para Asuntos Migratorios, Antonio García, presentó su renuncia irrevocable el 12 de agosto de 2025, citando diferencias irreconciliables con la política exterior de la presidenta Xiomara Castro, quien respaldó públicamente al régimen de Nicolás Maduro pese a las acusaciones de narcotráfico y terrorismo de Estados Unidos.
García, en una carta difundida en redes sociales, expresó preocupación por el impacto en los migrantes hondureños en EE. UU. y criticó la «crisis electoral artificial» en Honduras, exigiendo un ambiente libre para las elecciones. Esta renuncia evidencia las tensiones regionales generadas por el régimen de Maduro, que ha sido calificado como una amenaza narcoterrorista por la fiscal general estadounidense Pam Bondi.
García afirmó: “Me inquieta el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela”. Destacó que, aunque comprende la solidaridad con Venezuela, las acciones de Castro no favorecen el interés nacional ni las elecciones a favor de Libre.
“El Gobierno está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación”, agregó, agradeciendo la oportunidad de servir y prometiendo confidencialidad.
Castro, el sábado 9 de agosto, manifestó en X: “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones contra Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela ante los ataques infundados”. Esto respondió al aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares por EE. UU., que lo acusa de operar con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles para traficar drogas. Nicaragua, aliado de Maduro, también envió apoyo a través de Daniel Ortega y Rosario Murillo: “Ningún imperio nos doblega”.
Maduro: Un régimen de terror y narcotráfico
Bondi, en Fox News, reveló incautaciones de más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo jets, mansiones y joyas, calificándolo como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”. “Esto es crimen organizado, no diferente a la mafia”, afirmó. El secretario de Estado Marco Rubio enfatizó que el régimen de Maduro es una “empresa criminal” que se extiende a México, Ecuador y Guatemala, justificando operaciones militares contra el Cártel de los Soles.
En Venezuela, la represión del régimen de Maduro persiste: Foro Penal reporta 807 presos políticos, con desapariciones forzadas como la de Nancy Camacaro, abuela de 61 años detenida por apoyar a González Urrutia. Amnistía Internacional documenta 15 casos similares, mientras la CIDH denuncia un “clima de miedo” postelectoral.
Presión regional e internacional
La denuncia de Alejandro Moreno en México contra Maduro por nexos con cárteles y Morena refuerza las acusaciones. Maduro respondió tildando las declaraciones de “ridículas”, pero incautaciones de 30 toneladas de cocaína vinculadas a él, según la DEA, desmienten su defensa.
La Corte Penal Internacional investiga al régimen por lesa humanidad, mientras la UE y EE. UU. intensifican sanciones. Líderes como María Corina Machado exigen justicia: “El apoyo a Maduro perpetúa el terror”. Honduras y Nicaragua, únicos aliados centroamericanos, arriesgan aislamiento diplomático al respaldar un narcoestado que desestabiliza la región.
