(Redacción por David Gallardo) Hace un par de años atrás, existía un Nicolás Maduro que recordaba con orgullo sus raíces sindicalistas, anécdotas por aquí y chistes por allá, era el parte de un discurso que se usaba para acercarse a la clase trabajadora de Venezuela, una mutación del populismo de Hugo Chávez, pero adobado con ideas castristas y rusas.
El mismo Nicolás Maduro tiene 10 años inmerso en el control de una dictadura que exige legitimización desde la Comunidad Internacional, pero por mientras mantiene la sistematización de la violación de los Derechos Humanos dentro de los venezolanos, incluso de quienes en algún momento eran sus iguales: los sindicalistas y trabajadores sociales.
Iniciando el mes de agosto, la justicia madurista condenó a seis dirigentes sindicales y sociales a 16 años de prisión, simplemente por el hecho de protestar por mejoras salariales y en reclamo del cumplimiento de contratos colectivos. Esta no era una consigna alejada de la población, sobre todo porque las protestas sociales han saturado los titulares de los medios de comunicación libres por sus constantes apariciones en las calles y avenidas principales del país.
Aunque la lucha de estos sindicalistas no empezó este año, pareciese que el régimen de Nicolás Maduro tomó este fallo como medida de ejemplo ante la amenaza constante que reposa sobre cualquiera que viva en Venezuela: Si protestas en contra de la dictadura, vas preso.
Los activistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín iniciaron su juicio hace un año, en el cual no se pudo probar algún crimen en su contra, además que se encontraban en un tribunal que se enfocaba a casos de «terrorismo».
«Han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir a 16 años de cárcel por la juez Grendy Duque, a pesar de ser inocentes», publicó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en la red social X (Twitter).
El activista social Roberto Patiño consideró que la forma cómo se desarrolló el juicio confirma que el sistema de justicia venezolano está al servicio del poder y no de los ciudadanos.
«Todavía estamos esperando saber cuál es la razón verdadera por la cual esa gente está presa. Por conspiración no es porque nunca conspiraron en nada. Es una cosa realmente surrealista por qué esa gente está presa y sobre todo esa condena de 16 años, es una cosa oprobiosa. Y es una amenaza a los que protestan y una amenaza a los sindicalistas para que vean qué les va a pasar si siguen protestando«, comentó a El Estímulo el abogado y activista por los Derechos Humanos Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia.
Las represiones de Nicolás Maduro
Muchos verán a Nicolás Maduro como el cerdo gordo que está listo para cocinar en la noche buena, pero desde la perspectiva de él, Venezuela es un plato que ya devoró, pero sigue degustando lo que queda en el plato. Aunque el dictador se haya disfrazado de luchador social, la verdad es que el déficit económico, social, humanitario y político no le dan espacio a las protestas: La lucha social de los venezolanos es un bocado que causa ingesta en los estómagos de la dictadura.
Ciertamente las protestas no son vistas con buenos ojos por parte del régimen, por lo cual los ataques incesantes se han elevado en la criminalización de la exigencia por valer los derechos humanos y sociales.
Tanto Amnistía Internacional y la ONG Provea han exigido que se detengan las detenciones arbitrarias y que se haga respetar la Constitución y el Código Procesal Penal para no tolerar la detención de una persona que no se encuentre en delito flagante.
El portal El Pitazo catalogó las protestas sociales del 2023 por sus meses y las injusticias que se cometieron contra quienes protestaban por mejoras salariales y/o condiciones sociales.
- Enero: Cientos de obreros de empresas básicas protestaron por la dolarización de los salarios. El régimen reaccionó enviando al Dgcim y el Sebin para arremeter contra ellos, logrando detener 18 ciudadanos y otros fueron amenazados.
- Febrero: Dos adultos mayores fueron encarcelados por colocar pancartas con los mensajes «Fuera Maduro» y «Pensionados morimos de hambre» en una pasarela peatonal del estado Vargas. Seis caficultores también fueron detenidos por funcionarios de la Policía de Lara por protestar, fueron presentados en los tribunales acusados por obstrucción de vías públicas y violencia privada.
- Marzo: 27 trabajadores fueron detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) bajo la acusación de tráfico de material estratégico y señalados como miembros de la banda «los Oxicortes».
- Junio: Sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) fueron detenidos por el Dgcim, mientras en Mérida era detenido un productor agropecuario luego que se viralizara un vídeo en el que se arrojaba alimentos a un río por no conseguir combustible para el traslado de las mercancía y venderla. Dos días después fue detenido otro productor por las mismas razones.
- Julio: Seis sindicalistas detenidos desde el 2022 fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir.
A pesar de estos casos mencionados, las protestas generales tuvieron un aumento del 11,79% en el 2023 en comparación con el año pasado. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó el 29 y 30 de julio que en el país ocurrieron 4.351 protestas entre enero y junio Los estados que lideraron el índice de protestas durante el primer semestre fueron Bolívar (453), Anzoátegui (402), Sucre (333), Mérida (320) y Lara (261). Las regiones que registraron menos protestas fueron Amazonas (42) y Apure (47), según la ONG, que también documentó 95 manifestaciones reprimidas en 19 regiones del país, con un saldo de 14 detenidos y 8 heridos.
La verdugo
La jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal fue quien sentenció a 16 años a los seis sindicalistas por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que afecta los salarios.
Duque, es una abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), actualmente es juega del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo.
Sus primeros pasos dentro del sistema judicial venezolano se dieron en el 2013, sin embargo su primera aparición controversial fue en el 2014, cuando suscribió la acusación del Ministerio Público contra el político Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
En el 2018, su nombre aparece en la Gaceta Oficial número 41.529 cuando fue designada como fiscal provisoria. Duque también participaría como jueza en la investigación contra tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro, además de trasladar explosivos. Organizaciones de Derechos Humanos alertaron que la jueza aceptó declaraciones por llamadas telefónicas de supuestos testigos.
Hace dos meses Duque suspendió una audiencia del grupo de detenidos por la operación Constitución, que involucró a capitales, coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
En junio, la jueza Duque inició una investigación contra los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Rafael Aguilar, José Figuera y Joel Amador por el homicidio del ingeniero Simón Antonio Lozada y los técnicos de ascensores Gustavo Adolfo Toussaint y Julio Gámez, que se registró en 2017, en el municipio Libertador.
