(Redactado por David Gallardo) La Asamblea Nacional Chavista designó los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes tendrán bajo su gestión la ejecución de las próximas elecciones presidenciales del 2024, completamente anticipadas tanto por la oposición, el madurismo, los venezolanos y la Comunidad Internacional.

Luego que el anterior rectorado del CNE renunciara de forma «inesperada» el pasado 14 de junio, una nueva zozobra cubrió el país bajo lo que sería un movimiento común del régimen de Nicolás Maduro de asegurar el triunfo electoral y así legitimarse dentro del poder venezolano.

Lo cierto es que el antiguo rectorado había garantizado el apoyo técnico a las elecciones primarias de la oposición, comicios que ahora tratan de ser criminalizados por la dictadura en un intento de separar los líderes y desalentar a los venezolanos de ir a las urnas para elegir su candidato por el sector opositor.

Gran parte de esta criminalización va de la mano con este nombramiento. Bajo el liderazgo de Jorge Rodríguez, presidente del parlamento chavista, se declara en la sesión permanente que Elvis Amoroso (actual Contralor General), Rosalba Gil (secretaria del Parlamento electo en el 2020), Carlos Quintero, Aimee Nogal y Juan Carlos Delpino serán nuevos los rectores del CNE por los próximos siete años.

Luego se da a conocer que Leonel Parica, Gustavo Vizcaíno, Francisco Garcés, Antonieta Di Stefano, Tulio Ramírez, Ana Julia Niño, Conrado Ramón Pérez, Aura Rosa Hernández y Fabio Zavarse serán parte del grupo de rectores suplentes.

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Queda claro que los representantes Amoroso, Gil y Quintero son los rectores que representarán a la dictadura, mientras que Nogal va por el partido de Un Nuevo Tiempo y Zavarse por Acción Democrática.

Durante esta semana se dio a conocer que Estados Unidos estaría en conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro para un levantamiento temporal de sanciones a cambio de unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. Muchos especialistas y sectores políticos aseguran que estos nombramientos son parte de los movimientos de la dictadura para conseguir este perdón por parte del país norteamericano.

Los perfiles

Elvis Amoroso

Amoroso es el actual presidente de la Contraloría General de la República, puesto que se le fue dado por la Asamblea Nacional constituyente del 2017, también preside el Consejo Moral Republicano.

Antes de tener este puesto, junto con el nuevo de rector del Consejo Nacional Electoral, había sido el vicepresidente de la misma Constituyente que le da el manejo de la Contraloría.

Ciertamente, Amoroso siempre se ha mantenido cerca del poder legislativo venezolano, logrando así ser más de una diputado en representación de diferentes partidos, pero en 1993 en el Congreso de la República de La Causa Radical, 1998 por el Movimiento Quinta República (MVR y Patria Para Todos y 2006 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Elvis Amoroso es abogado de carrera, profesión que lo llevó a ambicionar ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el 2015, sin embargo no lo logró puesto que uno de los requisitos para serlo es haber ejercido la carrera por lo menos durante 15 años y Amoroso recién se había graduado en el 2006.

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En los últimos meses ha sido objetivo de grandes críticas por su gestión como Contralor de la República. Una de ellas sería su negligencia ante la trama de corrupción que se destapó este año sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otras empresas estatales del país. Uno de los grupos que lo increpó al respecto fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV). «Nos preguntamos qué hacía Elvis Amoroso mientras la cúpula en la que dice depositar sus esperanzas saqueaba Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Otra vez silencio», reseñó el partido en una editorial publicada en La Tribuna.

El partido comunista también denunció que Amoroso guardó silencio sobre la villa valorada en seis millones de euros que confiscada al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales en Italia, además de una casa que estaba bajo el nombre de su esposa.

Otra de sus acciones en los últimos meses ha sido su participación en la inhabilitación de los candidatos de las elecciones primarias. Aunque Henrique Capriles ya tenía una inhabilitación esta fue ratificada, no obstante María Corina Machado recibió una nueva a través de un documento que la bloqueaba de cualquier puesto de elección popular por los próximos 15 años. 

Otro de los inhabilitados de Hidrobo es Juan Guaidó, expresidente interino de la República. Según, el dirigente ocultó o falseó datos en su declaración jurada de patrimonio, y además se le acusó de haber recibido dinero injustificado de instancias nacionales e internacionales y de llevar una vida no justificada con sus ingresos económicos.

Esta situación no solo fue un punto de ataque contra ellos, anteriormente Freddy Superlano también habría sido inhabilitado en noviembre del 2021 luego le ganara al chavismo en el estado Barinas.

Amoroso también goza de una sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el 2017 por su presunta responsabilidad en la destrucción del orden democrático en Venezuela tras las elecciones regionales de ese año.

En marzo de 2018, el nombre de Jesús Hidrobo, hijo de Amoroso, apareció en una lista emitida por el gobierno de Panamá en la que señaló a 55 funcionarios chavistas, incluido el propio Maduro, de ser de “alto riesgo” de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.

Rosalba Gil

Rosalba Gil es parte de los rectores que representan al régimen de Maduro ante el CNE, antes de este nombramiento ejercía el puesto de secretaria de la Asamblea Nacional Chavista, un cargo que se mantiene ajeno al grupo de diputados.

Antes de que el régimen de Maduro rompiera relaciones con Estados Unidos en el 2019, Gil fue cónsul del país en Boston. Logró tener este puesto diplomático-administrativo luego que la Contraloría General de la República en el 2007 le impusiera una inhabilitación de tres años para el ejercicio de funciones públicas por presunta responsabilidad administrativa.

Mantiene una gran cercanía con Jorge Rodríguez, quien siempre ha incidido en temas del poder electoral nacional.

Carlos Quintero

Carlos Quintero es otro de los representantes del régimen ante el CNE, de hecho es quizás una de las más importantes. Más allá de ser ingeniero de sistemas y parte de la Fuerza Armada Nacional (FAN) como Mayor del Ejército, su antecedente más importante dentro de su currículum es su participación como funcionario del CNE desde hace casi 20 años, participando en la logística de al menos 19 procesos electorales bajo las gestiones de Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena.

Quintero también ha sido suplente de rectores vinculados al PSUV como Alexis Corredor, Sandra Oblitas y Tania D’ Amelio

En noviembre de 2017 fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y en marzo de 2018 por el de Panamá. En ambos casos se le señaló de «socavar procesos electorales, censurar a los medios y ejercer corrupción en los programas alimenticios administrados por el gobierno».

Aime Nogal Méndez

Méndez es una abogada egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con especialidad en Derecho Procesal Civil, también investigadora en procesos electorales.

Dirigió la secretaría política de la dirección nacional del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), siendo también representante del partido ante el CNE y coordinadora nacional del III Congreso Ideológico y Programático. También integró la comisión que elaboró el Reglamento para la elección primaria de la oposición, prevista para el 22 de octubre.

Juan Carlos Delpino

Delpino ha sido rector del CNE anteriormente, siendo suplente del exrector Rafael Simón Jiménez en el CNE designado en 2020, por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

No obstante, anteriormente en el 2016 habría intentado ser rector a través de las postulaciones que realizaron la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad Central de Venezuela (UCV), sin embargo fue impugnada por sus filiaciones políticas con Acción Democrática (AD).

Fue director general de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE en 2017 durante las elecciones a gobernadores de ese año. En 2020, Juan Carlos Delpino fue responsable de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, junto a Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez.