(Fuente: TalCual) La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) reafirma sus preocupaciones por la criminalización de los defensores de Derechos Humanos en Venezuela, esto en respuesta a una solicitud hecha por el medio TalCual sobre la condena de 16 años a los seis sindicalistas por conspiración y asociación para delinquir.
La Oficina «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales», dice el escrito firmado por Marta Hurtado, portavoz del Oacnudh.
Con información de TalCual
Esta criminalización contra defensores de derechos humanos en el país, recordó la portavoz, ha sido expresada de forma reiterada por el propio Alto Comisionado Volker Türk, tal como lo señaló en su último informe sobre la situación venezolana, publicado el pasado 3 de julio.
«Otro es el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales. Todos los venezolanos y las venezolanas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Hago un llamamiento al Gobierno y a las organizaciones de empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores».
Además, la Oficina expresó que mantiene «su compromiso de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales, en un espíritu de genuina cooperación».
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Caso de los sindicalistas
El miércoles 2 de agosto, el Tribunal Segundo en funciones de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Sus abogados afirman que las únicas pruebas promovidas durante el juicio fueron unas capturas de pantalla y mensajes en Twitter.
Un día más tarde, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, defendió la decisión de la jueza Duque y aseveró que estas seis personas no forman parte de ningún movimiento sindical.
También afirmó en su alocución pública que esta decisión se informó a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado en el país, quienes, según Saab, quedaron «satisfechos» con las explicaciones de los representantes del Ministerio Público.
Desde el movimiento sindical venezolano han denunciado esta decisión como un intento de frenar las protestas por mejoras salariales e incumplimientos de contratos colectivos por parte de la administración de Nicolás Maduro. La Coalición Sindical incluso mostró varios documentos, en una rueda de prensa, que acreditan a estas seis personas como sindicalistas.
