Durante los últimos 20 años, el narcoestado, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro, solo ha visto el sur de Venezuela como fuentes de ingresos. Durante este periodo, el régimen ha tratado de implementar 6 programas extractivistas con apoyo de algunos países aliados, según la Organización SOS Orinoco.
El más reciente ha sido el plan llamado “Arco Minero”, lanzado el 24 de febrero de 2016, con la finalidad de explotar oro, diamantes, coltán y otros minerales. Los resultados han sido catastróficos tanto para la región como para sus pueblos y los ecosistemas. Tendrá efectos trágicos y duraderos, tal vez irreversibles en Venezuela y más allá de sus fronteras. El control de las minas no solo era militar, sino también guerrilla colombiana como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados con gran poder.
Falsos operativos
Para el 2023 el régimen de Maduro sacó a 11.500 mineros ilegales en el parque de Yapacana, en el sur del país. Incurrían en tala, quema de bosques, contaminación de las fuentes hídricas, y perforaciones subterráneas, mediante el uso de mangueras de alta presión y maquinarias para remover la capa vegetal, y el uso de agentes contaminantes, entre otros.
El despliegue fue activado el 1 de julio como parte de la «Operación Escudo Bolivariano Autana 2023» por parte de la Fuerza Armada. El 4 de julio Maduro señaló que había ordenado el despliegue de la Fuerza Armada para contrarrestar el avance de la minería ilegal que viene destruyendo la Amazonía de América del Sur y de Venezuela
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Para esa misma fecha, la ONG SOS Orinoco, criticó al régimen, indicó que para agosto de 2023 unas 23 minas ilegales afectaban 3.316 hectáreas del parque Yapacana al sur de Venezuela.
¿Qué ocultan estas operaciones?
La militarización de la región no ha sido en pro de frenar la extracción minera, sino parte de una lucha de poder armada, por el control de las minas y el comercio mineral. Las denuncias, especialmente en este parque, indican que la explotación minera sigue, pero ahora, bajo estricta vigilancia militar, no en procura de la recuperación de los territorios devastados, sino para el control de la actividad. Todo indica que las operaciones que han venido efectuando, pudiesen tener como fin último, establecer un orden para regularizar la explotación del Arco Minero.
Todo un comercio ilegal así fluye el sur de Venezuela y nada ha cambiado desde el tráfico de pimpinas de gasolina, comida, permisos para la extracción mineral y prostitución.
Mutilado y torturado
En Venezuela la ley es para quien tiene dinero, poder, contacto y, por supuesto, no permiten infiltrados, los torturan y cometen actos atroces, como es el caso de un joven que se encontraba en el Callao, otras de las minas de Venezuela.
Por confusión de algunos hombres armados, habían asegurado que este joven era un informante, por lo que le cortaron la lengua, los dedos y le quitaron los ojos. Una clara señal de lo que pasa en estas minas no puede ser replicada ni denunciada.
La violencia fue inoculada para tener control social, con los colectivos armados, se impuso el sicariato sindical para acabar con los sindicatos vanguardistas de las empresas básicas de Venezuela, y en el sur del país se ejerce el control social, donde nadie se alza
Para este 2024 la realidad no cambia. Lo que persigue Maduro es implicar a todos los que pueda, en su saqueo y hacerlos cómplices de lo que ocurre en la región de Guayana, la cual comenzó afectando ciento once mil kilómetros cuadrados, el doce por ciento del territorio nacional y que ahora comprende todo el estado Bolívar y los estados Amazonas y Delta Amacuro, es decir el 50% del territorio. Una medida como esta, involucra en el saqueo a todo el país.
