La frontera de Venezuela con Colombia es el centro de operaciones económicas entre ambos países y también la zona geográfica donde grupos delictivos y guerrilleros actúan. Los comerciantes y transeúntes son víctimas de extorsiones para garantizar la movilidad y el libre comercio.
El panorama es trágico para quienes hacen vida fronteriza. Desde el año 2015, con el anuncio de cierre de frontera hecho por Nicolás Maduro, los comerciantes debieron cerrar sus puertas por la crisis económica. Los pocos que lograron sobrevivir a las malas políticas gubernamentales, deben enfrentarse al cobro de los grupos irregulares para evitar atentados.
El desafío es grande porque las extorsiones pueden superar los 15 mil dólares anuales, según la denuncia de Yionel Contreras, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Táchira. “Eso oscila entre los 20 mil pesos, que le quitan a los pequeños comerciantes o mototaxistas y hay empresarios a quienes les han cobrado hasta 80 millones de pesos al año para dejarlos trabajar”, precisó Contreras.
La variación de precios de las extorsiones son de acuerdo a la producción de cada empresario o comerciante, lo que hace que todos estén afectados por igual. Esta situación no es nueva para los residentes de la frontera, solo que por la ruptura de las relaciones comerciales entre ambos países, había mermado un poco.
Extorsiones de vieja data
El exalcalde del municipio Bolívar, en la frontera directa con Colombia, William Gómez, detalló que son distintos los grupos irregulares que hacen vida en el eje fronterizo. “Hay una red que extorsionaba a los transportistas y viajeros que deben pasar obligatoriamente por los pasos irregulares, como las trochas. Muchas veces hacen secuestros y hasta que no depositan para pagar los rescates, no los liberan”, detalló.
La migración de delincuentes es una circunstancia que se ha sumado a los grupos irregulares que desde hace años operan en la frontera. El Tren de Aragua, por ejemplo, pasó del centro de Venezuela a extender sus tentáculos por Colombia y el resto de Latinoamérica.
Los crímenes cometidos en la frontera van desde extorsiones hasta desapariciones forzosas y asesinatos, que conllevan a la existencia de fosas comunes. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, solicitó a los organismos venezolanos que busquen los mecanismos para solventar la situación.
“Desde la Comisión de Frontera asumimos el compromiso de llevar a los familiares de desaparecidos a que relaten lo que viven en la frontera. También exhortamos a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a que hagan registros sobre los desaparecidos, porque son violaciones de derechos humanos”, aseveró.
El pago de las extorsiones se da en medio de las amenazas de grupos irregulares como el Tren de Aragua, La Línea y El Paisa, quienes desde el año 2018 han asesinado a personas, decapitado a otras, lanzado cabezas humanas a instalaciones policiales y militares.
De acuerdo con el presidente de la Cámara del Táchira, el centro de operaciones de los delincuentes está en Ureña, municipio Pedro María Ureña. En las zonas montañosas es donde son citados los comerciantes para ser notificados sobre las tarifas que deben pagar.
