Se rindieron, pero no los escucharon, una masacre ejecutada por las fuerzas policiales de Venezuela. Seis años se cumplen de aquel imborrable recuerdo, la ejecución de Oscar Pérez y su grupo libertario que conmocionó la opinión pública, una masacre sin tregua se había registrado en el kilómetro 16 de El Junquito, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Lo que comenzó como un supuesto operativo para capturar a Oscar Pérez y su grupo de lucha, terminó siendo una ejecución extrajudicial transmitida en vivo por las redes sociales.
Hoy los venezolanos recuerdan aquella masacre donde fueron más de 500 funcionarios como Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fuerzas Acciones Especiales (FAES), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), contra 7 venezolanos que se rindieron y jamás les perdonaron la vida.
El comienzo de la masacre
Todo comenzó en junio de 2017, cuando Oscar Pérez, un joven venezolano, tomó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), comenzando a sobrevolar el centro de Caracas y en su ventana tenía una tela que decía 350 libertad, llamando la atención de los capitalinos.
El número 350 hace referencia al Artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce el derecho a desobedecer a todo Gobierno que vulnere dicha Constitución.
Artículo 350: “El Pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la Libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Desde el helicóptero lanzó granadas de aturdimiento sobre la Corte Suprema y el Ministerio del Interior ubicado en el centro de Caracas. A las horas, publicó un video rodeado de hombres armados y encapuchados, ellos se atribuyeron las acciones de aquel día, pidió la renuncia del régimen venezolano y el apoyo del pueblo.
Muchos lo cuestionaron, su veracidad se puso en juego cuando decía quién era y que además venía formado de un cuerpo policial como el CICPC.
Al pasar los meses más grupos de resistencia se agregaban a su llamado, las protestas de calle estaban activas y su presencia era mayor, y más videos llamando a la rebelión sin violencia.
Sin embargo, se mantenía el hermetismo de sí confiar o no en este venezolano.
A las 4 de la mañana del 15 de enero de 2018, en el kilómetro 16 de El Junquito, al menos 300 integrantes de los cuerpos de seguridad nacional militarizaron las adyacencias de una quinta de la urbanización El Araguaney, El Junquito, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Ahí se encontraba Oscar Pérez junto a sus compañeros de lucha, ellos fueron rodeados en el chalet donde estaban viviendo, lo que generó tensión entre los habitantes de la zona.
Órdenes de arriba
Habían activado la Operación Gedeón, que tenía como objetivo liquidar al grupo liderado por Oscar Pérez, calificado como terrorista por el régimen.
Un video publicado en redes sociales por Pérez confirmaba no solo que se encontraba rodeado, sino también que hablaba por una ventana con un funcionario al que se refirió como mayor, tratando de arreglar una rendición y el respeto a la vida de quienes estaban en ese lugar.
Mientras la prensa intentaba registrar aquella inexplicable operación y la magnitud de funcionarios armados para tan solo 7 ciudadanos venezolanos, Oscar comenzaba a mostrar que, aunque se había entregado, no cesaba de las ráfagas de disparos.
Los minutos pasaban y el tiempo se agotaba, eran cientos de armas contra 7 personas que ya estaban heridas, se estaba registrando una masacre jamás vista.
Subían y bajaban las ambulancias, órdenes de mando inexplicables, pues en el lugar había cuerpos irregulares armados que estaban dentro de esta operación. En horas de la había un cese al fuego y una ejecución había culminado.
Ejecutados: Oscar Pérez y su grupo
Horas más tarde, Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, reveló que Pérez y otros seis miembros de su movimiento fueron eliminados y otros ocho integrantes detenidos.
Después de ese pronunciamiento por Reverol, Venezuela pudo evidenciar que tras los videos publicados por Oscar Pérez y sus seis compañeros riéndose, lo ocurrido en El Junquito fue una masacre, una ejecución o decían entre voces muchos de los oficiales en el lugar: “es una orden de arriba”.
Entre las personas ejecutadas estaban los aliados de Pérez: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Lisbeth Ramírez Mantilla.
También murieron dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el líder del colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez.
Esta tragedia no le bastó a la familia de las víctimas, para la entrega de sus cuerpos fue un calvario, debido a que los familiares de Pérez no pudieron ver el cuerpo; solo lo hicieron cuando fue ingresado a la morgue de Bello Monte para su identificación.
Algunas fuentes en el momento indicaban que las autoridades pretendían cremar su cuerpo sin consentimiento de sus familiares, incluso enterrarlo en el punto más alto del Cementerio del Este, sin que sus allegados se enteraran, al igual que a Pimentel y a Agostini.
No fue sino hasta el 21 de enero que Pérez fue sepultado, seis días después, en presencia de su tía y su prima.
Después de 6 años, todavía hay siete familias sin justicia
Han pasado los años y el caso de la masacre de El Junquito ha llegado a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 14.178 respecto de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) el 11 de octubre de 2023 por las ejecuciones extrajudiciales de Oscar Pérez y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018 durante la denominada masacre de El Junquito, así como por la situación de impunidad de los hechos.
Los ojos internacionales
En el informe de fondo, la Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.
En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.
Por otra parte, la CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias, en especial debido a la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión.
En suma, la Comisión concluyó que la administración de Nicolás Maduro es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial.
