La vulneración de derechos en Venezuela es una realidad cruda con la que tienen que vivir los ciudadanos día a día, sin embargo existen espacios que son más vulnerables dentro de la sociedad, una realidad como la de la Comunidad LGBTIQ+.
Estamos relativamente cerca del aniversario del Caso 33, un operativo que detuvo injustamente a 33 hombres pertenecientes a la comunidad sexo y genero diverso, que reveló las diferentes irregularidades y prejuicios que tienen las autoridades.
Jeffrey Rodríguez, abogado, activista y miembro del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, recuerda que este caso tuvo múltiples irregularidades y atropellos contra estas personas.
«Este es un caso que ocurrió el pasado 23 de julio del año 2023, en el que fueron detenidas 33 personas, 33 hombres, pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, que se encontraban en un sauna, en un espacio donde se dan masajes, donde es un lugar común de encuentro para personas LGBTQ+, donde no son discriminadas o señaladas por presentación sexual y identidad (…) Ellos se encontraban en este espacio y se realizó un allanamiento ilegal, que no contaba con ningún tipo de orden judicial, ningún tipo de denuncia previa», recordó Rodríguez.
No solo fueron las irregularidades en los procedimientos, sino el escarnio público que tuvieron que vivir estos ciudadanos, porque los funcionarios tomaron fotos de sus cédulas de identidad y revelaron sus inclinaciones sexuales públicamente, siendo que muchos de ellos no lo habían hecho anteriormente.
«Les tomaron fotos a sus documentos de identidad, y esto lo publicaron en redes sociales, es decir, hicieron pública la identidad de estas personas, lo cual se atenta con la integridad personal y pues el derecho a la privacidad de las personas al momento de ser investigadas, de ser procesadas, y todo esto que es relativo a la garantía del debido proceso», denunció el abogado.
Aunque la audiencia de presentación debe realizarse en un periodo de 48 horas, este tiempo fue sobrepasado y existieron serias irregularidades y escenarios humillantes para estas personas por parte de las autoridades policiales.
El poder judicial no se quedó atrás, puesto que se estableció un caso de agravamiento, contaminación sónica y ultraje al pudor, términos que considera Rodríguez muy ambiguos.
A este caso se le logró el sobreseimiento de 30 personas, mientras que los tres faltantes continuaron siendo investigados porque son quienes trabajaban en el lugar.
«El sobreseimiento que se le dio a estas 30 personas fue debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, acá en Venezuela, y también muchas organizaciones internacionales. Hubo bastante, por decir de alguna manera, lobby entre instituciones, organizaciones internacionales resolver esta situación, que es una violación de derechos humanos, y actualmente todavía se sigue solicitando que se le dé sobreseimiento también a estas otras tres personas que todavía siguen siendo procesadas», señaló Rodríguez.
Las horas dentro del centro de detención fueron muy duras para estas personas, quienes fueron víctimas de muchos atropellos y situaciones humillantes referidas a su preferencia sexual.
«Digamos como que vivieron lo típico, lo cotidiano que se vive en los centros de detención para personas de la comunidad (…) fue discriminación y rechazo por parte de las personas que se encontraban en el centro de detención, insultos por parte de los militares y policías, y también mucho de este discurso de que a pesar de que los funcionarios fueron los que cometieron el acto ilegal, rebuscaban o se mostraban como los defensores, como las personas que iban a ayudar a que estas personas mientras estuviesen detenidas, iban a estar bien, iban a estar cuidadas. Pero no, no fue así. De verdad, eso parece un escenario de mucha humillación. Algunas de estas personas los obligaron a hacer sus necesidades al frente de todos y siempre había todo ese discurso con palabras bastante ofensivas hacia sus expresiones y hacia su identidad y pues nada, o sea, esta charla de aberraciones», denunció Rodríguez.
¿Cómo el poder o la influencia son factores que vulneran a la Comunidad LGBTIQ+ en Venezuela?
Las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ han logrado documentar e identificar que las personas que se encuentran en situaciones de poder e influencia o funcionarios, representantes o funcionarios públicos han cometido actos de discriminación o realizado discursos de odio contra las personas LGBTIQ+.
«Nosotros, en el primer semestre del año 2023, documentamos que, de los 154 casos en total, 65 casos correspondían a discursos discriminatorios. Y estos discursos, más de la mitad, es decir, del 34 en estos casos, fueron personas influenciadas en situación de poder, mientras que el 40% de estos casos, es decir, el 26, fueron por funcionarios del Estado», señaló Jeffrey Rodríguez.
«Tenemos otra categoría que son mixtos en el que participan tanto funcionarios del Estado como personas en situación de poder que se unen para dar discursos de odio o discriminatorios en ciertos espacios, sobre todo en marchas, en concentraciones, para la entrega de documentos, en instancias públicas, esos grupos son antiderechos, o aquellas personas que están en contra de la población LGTBIQ+, que acuden con ayuda y apoyo también de políticos que se encuentran actualmente ocupando cargos de dirección pública» , denunció.
Rodríguez señala que este último escenario contiene un gran mayor nivel de agresión puesto que se desconoce cual es el impacto real que tiene porque finalmente no se sabe quienes, dentro de la política nacional, puede escuchar estas palabras y darles legitimidad.
«Y eso es algo que se ve muchísimo más fácil, se ve que por lo menos una persona que trabaja en la Universidad de Carabobo, que tiene un cargo bastante importante, anda por todos los medios de comunicación hablando barbaridades sobre las personas LGBTIQ+, y no hay ningún tipo de sanción administrativa, ni penal, ni civil, hacia estas personas. Entonces, el no hacer nada también te dice algo, el hecho de que no haya hasta este momento sanciones contra estas personas que repiten estos esfuerzos discriminatorios que tienen un sinfín de consecuencias, pues ya te dice cuál es la posición de las autoridades que deberían perseguir, digamos, buscar justicia», reiteró.
¿Qué ha pasado con los alcances legales que necesita la Comunidad LGBTIQ+?
«Nada», sentencia Rodríguez.
Durante la primera discusión sobre la ley de antidiscriminación, que se discutió en la Asamblea Nacional Chavista el año, existieron intervenciones valiosas por parte de la sociedad civil, pero Rodríguez señaló que los grupos religiosos insistieron en ser parte de la conversación, puesto que argumentaron que la libertad religiosa debería ser parte de la legislación.
«Estos grupos anti-derechos acudieron de manera concentrada a las afueras de la Asamblea Nacional y entregaron un documento a un diputado solicitando participar en estas discusiones. El diputado no tuvo ninguna queja, ningún inconveniente, le autorizó la participación de ciertas vocerías en las discusiones del proyecto de ley, tuvieron esas solicitudes, pero posteriormente a esa primera discusión se engavetó. Y en este momento no tenemos respuesta oficial sobre cuál es el estatus actual de la ley. Eso también tiene que ver mucho con la relación, con el vínculo que se está estrechando entre el diputado y todos estos grupos», denunció Rodríguez.
Rodríguez aclara que no todos los grupos religiosos que tienen diferencias o atacan a la Comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, pero señala que los grupos provida o antiaborto están en contra del colectivo sexo y género diverso.
«Más que algo que es bastante público y natural en la actualidad, sabemos que organizaciones como la Familia Tradicional Venezolana tiene un lobby poderosísimo, se reúne con personas que tienen bastante poder dentro de la administración pública, que es algo que lamentablemente la comunidad si bien no tiene la posibilidad de participar en ese espacio. Entonces, bueno, vemos que hay cierta desigualdad, vemos que hay ciertas proporcionalidades entre la capacidad que podemos tener nosotros y la que pueden tener ellos (…) Hay muchas bandas religiosas que son parte de la Asamblea Nacional y así han hecho frente por la familia tradicional. Entonces ya ves que al decir por la familia tradicional, es inmediato que están contra las personas LGBTI+», consideró Rodríguez.
En la actualidad
La Comunidad LGBTBIQ+ se encuentra preocupada por las recientes declaraciones del fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, tras referirse a las personas trans como «aberraciones humanas».
Esta comunidad también ha estado preocupada por los distintos discursos de odio por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo cual profundiza estigmas en un país con pocos avances en materia LGBTIQ+
Recientemente, el fiscal, tras ser preguntado sobre la «agenda internacional que tiene que ver con lo transgénero, con lo transexual y transespecie», respondió que ha «generado programas» de «combate a estas aberraciones humanas que tienen que ver con la traición moral, la traición espiritual, mental, a tener un camino recto».
Estas declaraciones levantaron una ola de rechazo por parte de defensores de derechos humanos, quienes las calificaron como estigmatizantes y discriminatorias y advirtieron de sus consecuencias, entre ellas un mayor estado de «indefensión» de este colectivo en el país, donde hubo, al menos, 137 transfemicidios desde 2008 hasta marzo de 2024, según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ.
