Aunque el régimen y en específico el Ministerio de Educación Superior y la que fuera su titular, Tibisay Lucena (hoy fallecida), afirmen que están mejorando las universidades públicas, este hecho es mucho más un mito que una realidad.
En Venezuela hay alrededor de 21 universidades públicas y en su mayoría se encuentran abandonadas y en la desidia. Una educación que quedó muy lejos de ser formadora de profesionales para el país.
Una de las casas de estudios públicas más importantes del país lleva por nombre Universidad Central de Venezuela, la cual lleva por décadas el lema que reza “La casa que vence las sombras”.
Es una imagen que refiere a la enseñanza y la educación que se imparten en la Universidad como vehículo para que las personas salgan de la oscuridad.
El poder institucional de la UCV se observa en toda Venezuela, donde se puede constatar, en prácticamente cualquier ámbito, el desempeño de individuos formados en esta casa de estudios, pero como todo lo que toca el régimen lo destruye, se puede palpar la realidad de la casa de estudios solo con recorrerla, incluso bajo la falsa promesa de la dictadura de implementar una recuperación a la institución.
El 2 de julio de 2021
Se registró un incendio en la escuela de Estudios Políticos, hasta la fecha los bomberos están haciendo averiguaciones para determinar si el incidente se produjo por el deterioro de la universidad o si fueron otras causas como el vandalismo. Las llamas se extendieron por las áreas de postgrado de la Escuela de Estudios Políticos, y “por suerte” no afectaron a la escuela de bioanálisis.
Un lugar que está prohibido
A pesar de las condiciones que tienen algunos edificios de la UCV: Techos desplomándose, animales insalubres, zamuros, pisos despegados y archivos perdidos, una fuente de seguridad interna de la casa de estudios aseguró que tuvo que desalojar una persona que se encontraba viviendo entre las ruinas de la zona.
La UCV era el sueño de cualquier buen estudiante que quería graduarse bajo las nubes del Aula Magna, salir profesional era una carta abierta para ser parte de las soluciones que un país necesita por sus grandes demandas
Pero los años no solo han dañado sus estructuras, también su educación, los profesores ganan una miseria, muchos enseñan por vocación y no por salarios dignos.
La deserción estudiantil es alta, puesto que algunos prefieren trabajar para sobrevivir que sacar una carrera profesional. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de Venezuela, presentada por la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, arrojó resultados alarmantes con respecto a la educación: 190 mil alumnos abandonaron el colegio entre 2021 y 2022.
El equipo de investigación de Dossier Venezuela se trasladó a otra casa de estudios, la que en un momento no muy lejano era de las mejores, la Universidad Simón Bolívar.
Posee 230 hectáreas de terreno en el Valle de Sartenejas, tiene 78 edificios con más de cuatro mil espacios internos que albergan 190 aulas, laboratorios; oficinas administrativas y de servicios y espacios de circulación, así como un sector recreativo de poco más de 20 hectáreas, que es utilizado por la comunidad interna y externa en especial los fines de semana.
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La Sede Litoral (también llamada «Sede Camurí Grande») se encuentra en Naiguatá, estado Vargas, también nos trasladamos hasta este lugar.
Esta sede estuvo hasta finales de 2012 en proceso de reconstrucción (actualmente la construcción de la nueva estructura se encuentra en un 50%, faltando así la culminación de esta, aunque se encuentra operativa) por lo que algunos de sus programas se llevaban a cabo de forma provisional en la sede de Sartenejas, esto debido a las fuertes inundaciones ocurridas en la región en diciembre de 1999 que dañaron gran parte de la infraestructura.
Ambas sedes se encuentran con una alta deserción estudiantil
Sus pasillos son solos y oscuros, su vigilancia es prácticamente nula, y sus autobuses que realizan los traslados a los estudiantes están deteriorados, así están la mayoría de las universidades públicas entre protestas, exigencias y paros, el régimen se avala que no hay presupuesto por sanciones.
Sin embargo, Maduro lanzó una amplia operación anticorrupción en los últimos días que condujo a la destitución del superintendente de criptoactivos; jueces y funcionarios electos, como consecuencia de una investigación por corrupción en las entrañas de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Tareck El Aissami Madah, ministro de Petróleo desde abril de 2020, aseguró que se ponía a disposición del presidente para apoyarle en su “cruzada contra los antivalores” o sea, su renuncia crucial e inmediata.
Pero la detención de varios altos cargos vinculados a él sugiere un cambio en los equilibrios de poder en la cúpula roja y chavista, un desfalco a la nación con más de 3 mil millones de dólares y un sinfín de activos allanados.
Entonces es cuando las casas de estudios se preguntan para quienes son las sanciones y por qué el estado se escuda de excusas. Un país donde la educación está en crisis, pero la corrupción y los delitos son galopantes.
