Por Omar Estacio
El reclamo, firme, acre, lo leímos en un enjundioso trabajo, publicado ayer por Diario Las Américas: “No se han concretado las garantías para las elecciones en Venezuela ”. Cabría agregarle al referido título de prensa que tales garantías aparte de no haberse concretado, hasta la fecha, quizás, no se concreten jamás.
En la liberación de diez ciudadanos norteamericanos, presos o secuestrados por el desgobierno de Venezuela, a cambio del indulto a Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, decretado por el presidente Biden, se siguió al pie de la letra, la sabiduría de los viejos pobladores de la península escandinava, según la frase transcrita líneas arriba. El dando y dando de los excarcelados en cuestión se ejecutó al estilo de las películas sobre Al Capone, en la cabecera de pista del aeropuerto internacional de San Vicente y las Granadinas. Muy por el contrario, no sabemos si por ingenuidad, colusión o porque fueron víctimas de presiones irresistibles del gobierno de EEUU y/o de la narcotiranía entronizada en Caracas, la representación de la disidencia venezolana se presentó a las llamadas jornadas de Barbados del 17 de octubre del año pasado, con cuchara corta.
Hasta el momento de escribir la presente crónica -lunes 8 de enero de 2024, filo de las 2:03 de la madrugada- es decir, casi tres meses después del citado intercambio de excarcelados, persiste en el más absoluto secreto la respuesta que le envió la Contraloría General de la República a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, a objeto que este último dictamine si se dignará o no se dignará a darle trámite preliminar, para después sentenciar, no se sabe cómo, ni dentro de cuántos meses, la demanda entablada por María Corina Machado contra su espuria inhabilitación política. En la misma incertidumbre permanecen alrededor de 300 presos políticos, supuestos a estar con sus familias, al día de hoy, pero que se pudren, todavía, en las ergástulas de la narcotiranía.
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Esa butifarra normativa, con el remoquete de Constitución Bolivariana, que ni siquiera fue redactada por venezolanos, porque Chávez, cipayo, como nació y murió, se la encomendó a un par de tarifados españoles, establece que los ciudadanos tenemos derecho a estar informados oportuna y verazmente de las actuaciones de los organismos públicos, en las que estemos directamente interesados. Pero en la RoboLución, la única ley es que no hay ley. Y la única palabra de honor es que tampoco hay honor. Así que a los más de dos millones de venezolanos que votamos de manera abrumadora por la señora Machado, para representar nuestros anhelos de cambio, no se nos ha informado, ni siquiera, los pretextos urdidos por la Contraloría en su aludida respuesta al TSJ.
Al día siguiente de la firma de los referidos acuerdos le fueron aliviadas al desgobierno de Maduro las sanciones que le había impuesto la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, (sus siglas en el idioma inglés), adscrita al Tesorería norteamericana, de modo que a partir de entonces, los “aliviados” Maduro y pandilla han estado exportando al territorio del Tío Sam todo el Excremento del Diablo que pueden. Cuchara larga a favor de los narcotiranos.
¿No se han concretado, ni están a la vista de concretarse, las garantías básicas para elecciones medianamente confiables en Venezuela previstas para el último trimestre de 2024? ¿Y el destino de nuestros presos? Cuchara corta para las exigencias libertarias.
Urge el reclamo, firme, persistente, de la aplastante mayoría de los venezolanos por la satisfacción de aspiraciones tan elementales. Urge, además, el establecimiento de las responsabilidades políticas, individuales y/o colectivas, por los hasta ahora desastrosos resultados de los acuerdos de Barbados.
