(Redactado por David Gallardo) El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) ha abierto una investigación contra el abogado y defensor de Derechos Humanos, Walter Márquez, por el presunto delito de instigación al odio tras las declaraciones que ha realizado por el caso de Edwin Santos, dirigente políticos que fue encontrado sin vida hace dos semanas en el estado Apure.
Márquez asegura que esta investigación fue abierta tras la solicitud de Douglas Rico, director del cuerpo policial científico. El abogado asegura que esta situación «contamina» el proceso de investigación criminal, puesto que los testigos referenciales y directos, que habrían podido colaborar a esclarecer el misterio que envuelve la muerte de Edwin Santos, van a sentirse intimidados.
Márquez asegura que, aunque fue citado a las oficinas municipales del CICPC, no se presentó porque sería una forma de convalidar la intimidación del régimen de Nicolás Maduro contra quienes digan lo contrario a lo establecido sobre la muerte de Santos.
El abogado asegura que junto al exgobernador César Pérez Vivas, se plantearon dos hipótesis públicas, la primera se trataría de que la muerte de Santos fue producida por un accidente de tránsito y la segunda sería a través de un secuestro y un crimen político.
Márquez también explicó que la investigación sobre la muerte de Edwin Santos está en la fiscalía segunda de San Cristóbal, mientras que la investigación por instigación al odio está en la primera. Él asegura que ese «paralelismo» le causa daño a la investigación.
El abogado también resaltó que solicitó a las autoridades pertinentes la aplicación del protocolo de Minnesota para el esclarecimiento de los hechos que envuelven la muerte de Santos.
Walter Márquez rechazó que se pretenda criminalizar a quienes han solicitado investigar y profundizar los hechos alrededor de la muerte de Edwin Santos y dejó claro, que, aunque se negó a declarar ante el cuerpo policial, se puso a la orden para hacerlo en Fiscalía y contribuir con información para que se esclarezcan los hechos.
Destacó el defensor de derechos humanos que tuvo conocimiento de que por este expediente de instigación al odio seguirán llamando a testigos a declarar, pero considera que estas acciones son parte de un terrorismo policial que contamina la investigación.
