PUD pide a Estados Unidos respetar el estado de derecho tras deportación de 238 venezolanos a El Salvador

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(Fuente: Efecto Cocuyo) La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se ha pronunciado sobre la deportación de 238 venezolanos que Estados Unidos envió a El Salvador tras acusarlos, sin evidencias, de ser presuntamente miembros de la megabanda criminal Tren de Aragua.

En un comunicado que compartieron en la red social X, la coalición opositora dijo que «de acuerdo con las normas procesales vigentes, estas personas deberían haber sido condenadas por delitos en los Estados Unidos y su traslado debería responder al cumplimiento de penas privativas de libertad en el marco de acuerdos internacionales entre ambos países (EE. UU. y El Salvador)».

Con este comunicado, la coalición muestra una posición más crítica que la hecha por la líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, quienes dijeron que el Tren de Aragua es «una amenaza para todo el hemisferio» (americano) y no condenaron el envío de los connacionales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele internó a miembros de pandillas del país centroamericano.

Con información de Efecto Cocuyo

La alianza de partidos que adversan al chavismo insistió en que la migración forzada de millones de personas, 7,8 millones según la ONU, obedece a las políticas del líder chavista Nicolás Maduro, al que señalan de empobrecer Venezuela.

También defienden la honestidad de la migración venezolana. «Por ello alzamos nuestra voz en defensa de millones de compatriotas de bien, para que sean protegidos como merecen, mediante políticas migratorias inclusivas en cada una de las naciones receptoras. El venezolano es un ejemplo de trabajo, de honestidad y de resiliencia», señalan en el texto.

Ver más: Familias de venezolanos deportados a El Salvador: «Pedimos ayuda para que los traigan pronto»

«Presos no son mercancía de canje», dice la PUD

A su vez advierten que quienes cometan delitos, a los que califican como «una minoría de venezolanos», deben asumir las consecuencias legales de sus actos si se comprueba que son culpables. Pero añaden que para ello se debe cumplir «el debido proceso, con pleno respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. Los presos no deben ser considerados por los países donde cometieron delitos como mercancía de canje».

En su primer viaje como secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio hizo una gira por Centroamérica para abordar temas de interés en esos países. En El Salvador, Bukele les propuso albergar a migrantes que Trump y su gobierno consideran ilegales, lo que finalmente ocurrió. El mandatario centroamericano aseguró que recibirán hasta 300 personas por año por un pago de seis millones de dólares.

La Plataforma pide diferenciar a los millones de venezolanas y venezolanos que migraron con trabajo, esfuerzo y honestidad de los pocos que cometieron actividades delictivas.

«Seguiremos trabajando por una Venezuela democrática que brinde las condiciones y garantías para que todos nuestros connacionales en el exilio puedan regresar, reparando a millones de familias rotas y recuperando la productividad del país», dijo la coalición opositora.

Qué pasa en la alianza opositora

Los principales partidos que la conforman decidieron la semana pasada tener una secretaría ejecutiva rotativa tras la renuncia de su principal vocero, el exdiputado Omar Barboza, quien tomó la decisión tras la falta de acuerdos en la alianza sobre si ir o no a las elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo.

El primer reemplazo que anunciaron para el cargo lo tiene el también exdiputado y ex preso político, Roberto Enríquez, quien encabeza el partido Copei-Odca, que la Plataforma reconoce como el legítimo tras una intervención judicial a la organización socialcristiana.

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