La abogada y activista venezolana Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024 bajo acusaciones del régimen de Nicolás Maduro, lleva más de siete meses sin recibir atención médica especializada por una fractura en el hombro, lo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como una grave violación a su integridad física.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó su situación como “una grave violación a sus derechos humanos”, señalando que la falta de tratamiento pone en riesgo su salud física y emocional, con posibles secuelas irreversibles si no se interviene de manera urgente.
Detención arbitraria y acusaciones políticas
San Miguel, de 58 años, es una reconocida abogada experta en temas de seguridad y Fuerza Armada, presidenta de la organización Control Ciudadano, y ha sido una de las voces más críticas y documentadas sobre el poder militar en Venezuela. Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su hija y otros familiares —todos liberados posteriormente— y desde entonces permanece detenida en condiciones restrictivas.
Las acusaciones en su contra incluyen terrorismo, traición a la patria, conspiración e intento de homicidio contra Nicolás Maduro y el gobernador chavista Freddy Bernal, del estado Táchira. Según el régimen, su detención estaría vinculada a una presunta conspiración militar, una narrativa que Maduro ya había utilizado contra ella en 2014, cuando la señaló públicamente por supuestos vínculos con un “alzamiento militar”.
Su expareja, un militar retirado, también se encuentra detenido por la misma causa, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas contundentes ante la opinión pública.
Violaciones procesales y retrasos judiciales
Desde su reclusión, San Miguel solo ha podido recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y sigue a la espera de una cirugía para tratar la fractura en su hombro, causada durante su detención. La audiencia del juicio ha sido postergada en al menos cuatro ocasiones, siendo la última el 31 de marzo de 2025, bajo el argumento de “falta de traslado”. La próxima cita judicial fue reprogramada para el 26 de mayo.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado la sistemática práctica del régimen venezolano de retrasar procesos judiciales contra presos de conciencia como forma de castigo y presión psicológica.
El caso San Miguel, símbolo de la represión estructural
El caso de Rocío San Miguel no es aislado. Su figura ha cobrado relevancia internacional como símbolo de la persecución política y la criminalización del pensamiento crítico en Venezuela, especialmente en sectores con formación jurídica, militar o académica.
Su detención, sumada al deterioro de su salud y la negación del tratamiento médico oportuno, expone el uso de las cárceles venezolanas como herramienta de represión política, al margen de cualquier marco de garantías judiciales.
El régimen de Maduro continúa utilizando los tribunales como mecanismo de control y amedrentamiento, mientras la comunidad internacional exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, entre ellos Rocío San Miguel, cuya vida y bienestar hoy pende de una decisión judicial que no llega y de una cirugía que nunca se autoriza.
