Familiares de presos políticos venezolanos protestaron este lunes frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir respuestas a las comunicaciones enviadas a la institución, en las que solicitan la liberación de los detenidos, la revisión de expedientes judiciales y la mejora de las condiciones de reclusión. Además, pidieron el establecimiento de una mesa de diálogo directa entre las familias afectadas y las autoridades.
Después de más de dos horas de espera dentro de la sede del Ministerio Público, los funcionarios se negaron a recibir el documento elaborado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, alegando que el texto «no cumplía con sus lineamientos».
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y representante del Comité, denunció que esta negativa responde a órdenes directas del fiscal general, quien también habría ordenado no recibir denuncias relacionadas con las graves violaciones de derechos humanos que sufren los detenidos y sus familiares. «No vamos a callar porque el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido», expresó.
El documento rechazado incluía una actualización de las violaciones de derechos humanos sufridas por los presos políticos, exigencias para garantizar el debido proceso, el respeto a las visitas familiares, el acceso a atención médica, agua potable y alimentos.
Escalada de amenazas y represalias
Durante la jornada, Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas, advirtió que las amenazas y represalias contra los familiares de los detenidos se han intensificado. «Tras dos meses de la ‘Ruta por la Libertad’, no solo no recibimos respuestas, sino que incrementaron las amenazas y las suspensiones de visitas como forma de castigo», señaló.
Ante la falta de respuestas institucionales, el Comité anunció el inicio de una nueva fase de protestas entre el 5 y el 9 de mayo, en la que recorrerán las embajadas de Colombia, Brasil, Japón, México y la Unión Europea para solicitar apoyo internacional en la liberación de los presos políticos.
Casos alarmantes de violaciones a derechos humanos
Durante la actividad, familiares denunciaron graves situaciones de salud de varios presos. Entre ellos, el caso del adolescente Jonathan Bravo Palencia, de 17 años, detenido desde el 9 de enero acusado de terrorismo e incitación al odio. Su madre, Francis Palencia, informó que su hijo presenta crisis de ansiedad y un absceso no tratado en su axila.
Aunque se han realizado cuatro audiencias en su juicio, los fiscales no han presentado pruebas que lo vinculen con los delitos que se le imputan, y su próxima audiencia está prevista para el 8 de mayo.
Otro caso preocupante es el de Alexzey Cáceres, detenido en julio de 2024 en Barinas, acusado de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vía pública. Su madre, Érika Guerrero, denunció que, a pesar de haberse realizado la audiencia preliminar en septiembre, aún no se fija fecha para el inicio de su juicio.
«Nuestros hijos están deteriorándose mentalmente en las cárceles, y no hay fecha ni respuestas claras», lamentó.
Condiciones extremas en Tocorón
Yuleidi Giménez, madre de Jordan Leonardo Moreno, también detenido en Barinas y recluido en la cárcel de Tocorón, denunció las restricciones extremas en las visitas y la entrega de alimentos. «Cada 15 días puedo verlo, pero la paquetería está limitada: solo dejan pasar un paquete de galletas y un chocolate, a veces permiten pan, a veces no».
Giménez relató que los defensores públicos han dejado de ofrecer acompañamiento legal efectivo, eximiéndose de responsabilidades y enviando a los familiares de una institución a otra, sin brindar soluciones.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que continuará su labor de denuncia a nivel nacional e internacional. «Hacemos responsable al régimen de cualquier daño que sufran nuestros familiares. No dejaremos de luchar hasta que cada preso político esté en libertad y se respeten sus derechos fundamentales», concluyó Baduel.
