El régimen de Nicolás Maduro ha impuesto una brutal política de represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde se autoproclamó ganador a pesar de pruebas contundentes que demostraban el triunfo del líder opositor Edmundo González Urrutia. Así lo denuncia Human Rights Watch (HRW) en su más reciente informe, titulado “Castigados por buscar un cambio”, en el que documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Entre las víctimas se encuentran al menos 14 ciudadanos colombianos.

El informe de 111 páginas se basa en decenas de entrevistas a víctimas, familiares, testigos y organizaciones defensoras de derechos humanos, además del análisis de más de 90 videos y fotografías. HRW responsabiliza directamente al régimen y a los llamados “colectivos” —grupos armados chavistas— de perpetrar estos crímenes.

Asesinatos, detenciones y torturas tras el fraude electoral

Human Rights Watch atribuyó al régimen y sus cuerpos de seguridad el asesinato de 24 manifestantes y transeúntes, ocurridos en los días posteriores a las elecciones, así como la detención arbitraria de más de 2.000 personas por protestar, apoyar a la oposición o incluso estar en el lugar equivocado.

Las personas arrestadas, incluidos menores de edad, fueron acusadas de delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”, sin derecho al debido proceso ni acceso a una defensa legal. HRW señala que muchos fueron obligados a declarar bajo coacción o a grabar videos falsos afirmando que sus derechos habían sido respetados.

Además, el informe expone un patrón de torturas sistemáticas, incluyendo asfixia con bolsas plásticas, golpizas y amenazas de muerte para obtener confesiones. Las desapariciones forzadas también han sido recurrentes y se desconoce el paradero de decenas de víctimas, entre ellas al menos 14 colombianos.

Colombianos detenidos, torturados o desaparecidos en Venezuela

Entre los casos más graves documentados por HRW figuran:

  • Manuel Tique, detenido el 14 de septiembre por funcionarios venezolanos cuando trabajaba con el Consejo Danés para los Refugiados en la frontera. Se presume que está retenido en la cárcel Rodeo I, aunque no hay confirmación oficial.
  • Arlei Danilo Espitia Lara, agricultor colombiano acusado sin pruebas de ser líder paramilitar mientras tramitaba una visa con una amiga.
  • Kevin José Saavedra Basallo, detenido tras mostrar su libreta militar. Su familia aún desconoce su paradero.
  • Brayan Sair Navarro Cáceres, conductor desaparecido tras ser bajado de un autobús al regresar a Venezuela.
  • Danner Gonzalo Barajas Luque, obrero detenido por la Guardia Nacional al visitar a su madre; su paradero sigue siendo desconocido.

La política migratoria de Trump y el peligro del silencio regional

HRW advierte que la represión sistemática del régimen ha obligado a miles de venezolanos a huir, pero ahora se enfrentan a una región cada vez más hostil, especialmente ante la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha suspendido programas de asilo y refugio.

“El énfasis del gobierno de Trump en acuerdos de retorno de migrantes, sin exigir mejoras en derechos humanos, legitima al régimen de Maduro y podría causar una nueva ola migratoria”, señala el informe.

Con más de ocho millones de venezolanos en el extranjero, HRW califica la crisis como la más grave en derechos humanos del hemisferio occidental.

Llamado a la acción internacional

La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, instó a la comunidad internacional a presionar por la rendición de cuentas del régimen venezolano.

“Los gobiernos deben apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional, imponer sanciones individuales contra los responsables y ofrecer mayor protección a los exiliados venezolanos”, indicó.

Asimismo, pidió mayor respaldo a periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que enfrentan el autoritarismo desde dentro de Venezuela.

El informe ratifica la responsabilidad del régimen de Maduro en crímenes de lesa humanidad y subraya la urgencia de una respuesta internacional coordinada, firme y basada en principios democráticos y humanitarios.