La Organización defensora de Derechos Humanos Un Mundo Sin Mordaza, ha denunciado la detención arbitraria de Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años de edad, presuntamente por agentes de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
Esto sucedió apenas dos días después de que su hermana menor, Samantha Hernández, de 16 años, fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De acuerdo con la ONG, ambas jóvenes son hermanas del primer teniente Christian Hernández Castillo, en el exilio tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro de traición a la patria.
Además son sobrinas de Henry Castillo, desaparecido desde el 24 de enero, caso documentado por el Instituto Casla y presentado ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Un Mundo Sin Mordaza expresó profunda preocupación por lo que calificó de práctica sistemática de persecución familiar.
“Estas detenciones forman parte de un patrón creciente de persecución contra familiares de perseguidos políticos, una práctica conocida como Sippenhaft, históricamente utilizada por regímenes autoritarios para castigar a inocentes con el fin de intimidar, presionar o silenciar a otros”, señaló la organización.
Exigió “la liberación inmediata de Aranza y Samantha Hernández, así como garantías plenas para su integridad», pues «la persecución a las familias es un crimen, no un método de control”.
Pidió el cese inmediato de estas prácticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Venezuela enfrenta detenciones arbitrarias: patrón de violencia estatal inminente
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, también denunció los hechos, que calificó de parte de un “patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares”, lo cual comparó con métodos utilizados por el régimen nazi.
“Esto incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos… y se está multiplicando en Venezuela”, advirtió.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso de detenciones arbitrarias como herramienta de presión política en Venezuela contra disidentes y sus allegados.
La comunidad internacional ha sido llamada a fijar posición sobre estos hechos, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
