Las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 25 de mayo de 2025 son ampliamente consideradas fraudulentas e ilegítimas, tanto por actores nacionales como por la comunidad internacional. La base de esta denuncia comienza con la violación del mandato presidencial surgido del 28 de julio de 2024, fecha en la que el pueblo venezolano eligió, por mayoría comprobada con actas, al presidente electo Edmundo González Urrutia. En lugar de reconocer esa victoria democrática, el régimen impuso una juramentación ilegítima de Maduro, desconociendo la voluntad popular.
A esto se suma un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el oficialismo, que ha implementado un cronograma apresurado, con escasas garantías de transparencia, sin auditorías creíbles y con denuncias de omisión de elementos técnicos como el código QR en las actas, clave para evitar el fraude.
Además, más de 90 ciudadanos han sido detenidos arbitrariamente por expresar su rechazo al proceso, entre ellos líderes opositores como Juan Pablo Guanipa, lo que evidencia el uso de la represión para silenciar la disidencia y sembrar miedo en la población.
Los principales partidos democráticos y organizaciones civiles han denunciado que esta elección no busca representación popular, sino consolidar una estructura paralela de poder subordinada a Maduro, a través de gobernaciones y una Asamblea Nacional ilegítima.
Sin condiciones mínimas de libertad, transparencia y participación, el 25 de mayo no habrá elecciones, sino una operación de propaganda del régimen, diseñada para lavar la cara de una dictadura que usurpa el poder y reprime la voluntad de millones de venezolanos.
