Familiares de personas privadas de libertad en Venezuela denunciaron que deben pagar entre 50 y 100 dólares por recluso para financiar supuestas reparaciones en los centros penitenciarios, una práctica que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló como parte de un conjunto de cobros irregulares dentro de las cárceles del país.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la organización, las exigencias económicas se suman a otros gastos que deben asumir los internos y sus familiares, entre ellos la compra de uniformes, calzado, colchonetas y artículos de uso personal.
Con información de El Diario
Según la organización, a estos pagos se agregan presuntas cuotas de entre 5 y 12 dólares para acceder al agua potable, así como cobros por alimentos, visitas conyugales, traslados y distintos trámites dentro de algunos establecimientos penitenciarios.
Las nuevas exigencias, según las denuncias, se comunican a través de llamadas telefónicas o durante las visitas familiares. En algunos casos, presuntamente son funcionarios de custodia quienes contactan directamente a los parientes, les facilitan datos bancarios para realizar las transferencias y les piden transmitir la información a otras familias.
El dinero solicitado estaría destinado a la compra de pintura para canchas deportivas y a la reparación de talleres, comedores, techos y paredes, entre otras áreas de los recintos carcelarios.
Preocupación por la acumulación de gastos
Una de las familiares afectadas expresó su preocupación por la acumulación de gastos que implica poder visitar y asistir a una persona recluida cuando los parientes viven en otros estados distintos de aquel donde se encuentra recluido su familiar.
“Nosotros hacemos un gasto semanal para viajar los que no son de los estados, para traerles algo de comida, son muchos los gastos y la gran mayoría son personas que no tienen los recursos económicos y con todo el sacrificio del mundo conseguimos, ahora vienen a pedir un dineral. A esa gente no le importa si no tenemos, saben que somos pobres y aún así nos siguen sacando plata”, dijo.
El OVP también alertó sobre el temor de los familiares a que los internos sufran castigos, aislamiento, incomunicación o tratos crueles si no consiguen reunir las cantidades exigidas.
El observatorio recordó que el mantenimiento y la reparación de la infraestructura carcelaria son responsabilidades del Estado venezolano. Para estas funciones existe el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, encargado de planificar, financiar y ejecutar obras de construcción, remodelación y mantenimiento en estos establecimientos.
Prácticas que podrían constituir un delito
Ante la situación que denuncian los familiares, el director del OVP, Humberto Prado, rechazó los cobros denunciados y señaló que estas prácticas podrían constituir delitos y vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas bajo custodia estatal.
El director de la organización añadió que estas situaciones afectan la dignidad y la integridad de los reclusos y podrían representar hechos de concusión, corrupción y violaciones de los derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana.
Según el OVP, los cobros han sido documentados principalmente en centros penitenciarios de los estados Carabobo, Guárico, Miranda y Lara. Sin embargo, la organización considera que estas prácticas podrían extenderse a otras cárceles del país.
OVP acudirá a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo
El Observatorio indicó que presentará evidencias ante la Fiscalía General de la República, específicamente en la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, y ante la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de solicitar una investigación exhaustiva y transparente sobre los funcionarios presuntamente involucrados.
La organización también responsabilizó al ministro del Servicio Penitenciario, a las autoridades de los establecimientos y al personal de custodia por cualquier represalia o vulneración de la integridad física y psicológica que puedan sufrir los reclusos como consecuencia de las denuncias públicas o de las acciones legales.
Asimismo, informó que continuará recopilando testimonios y pruebas sobre las exigencias de dinero y posibles irregularidades en el manejo de los recursos dentro de los recintos penitenciarios.
El OVP instó a las autoridades penitenciarias y a los organismos del sistema de justicia a investigar los hechos, sancionar a los responsables si se comprueban las denuncias y garantizar que las personas privadas de libertad reciban un trato digno, sin que sus familias deban asumir pagos indebidos para cubrir obligaciones que corresponden al Estado.
