(Fuente: Efecto Cocuyo) Durante las últimas semanas del mes de mayo, el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de detener 70 personas por la presunta relación de un plan de boicoteo contra la farsa electoral del pasado 25 de mayo.
La ONG Foro Penal reportó en su informe del pasado 26 de mayo que Venezuela existen 922 personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales se desconoce el paradero de 48 ciudadanos.
Estas detenciones se han practicado en un clima de represión que incluye privaciones de libertad arbitrarias. Esta es una situación que denuncia la ONG Provea, que también señala que la ausencia de información sobre el destino de estas personas engrosan las denuncias sobre posibles casos de desapariciones forzadas que se materializan en Venezuela.
Estas prácticas facilitan de manera sistemática la violación de Derechos Humanos y la ejecución de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es una desaparición forzada?
El director de Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvi Zambrano, señala que la desaparición forzada se define por tres elementos establecidos en tratados internacionales.
“Se trata de una acción ejecutada por agentes del Estado o personas con su apoyo, que implica una privación ilegítima de libertad, como arresto, detención o secuestro, seguida por la negativa a reconocer esa privación o a informar sobre el paradero de la persona”, explicó.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas aclaró que no existe un tiempo mínimo para considerar una detención como desaparición forzada.
“No hay límite de tiempo, no importa cuán corto, para que se produzca una desaparición forzada. Cada minuto cuenta cuando una persona es puesta fuera de la protección de la ley. Y cuando una persona ha desaparecido, cada minuto de angustia que pasan sus familiares sin noticias de ella, es demasiado”, se lee en una declaración conjunta de las Naciones Unidas en 2016.
El experto, que coincide con la ONU, explica que la falta de un registro público de personas privadas de libertad en el país es un factor crítico, ya que la Constitución exige que el Estado mantenga un registro actualizado, pero, según Zambrano, esta norma no se cumple.
¿Por qué constituyen a un crimen de lesa humanidad?
El defensor de derechos humanos asegura que las desapariciones forzadas son consideradas crímenes de lesa humanidad por su impacto en múltiples violaciones a derechos como:
✅A la vida.
✅La integridad física, psíquica y moral.
✅Y a la personalidad jurídica y la libertad personal.
“Es una violación grave que sustrae a la persona de la protección legal”, afirmó.
Zambrano explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) también estableció que estas prácticas son de las más graves violaciones de derechos humanos y destacó que la jurisprudencia internacional, incluyendo tribunales europeos y africanos, refuerzan esta la postura del organismo internacional.
En Venezuela las prácticas como la incomunicación y el aislamiento son comunes y, advierte, que estas acciones no solo afectan a las víctimas, sino también a sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre en la búsqueda de sus seres queridos.
Mecanismos legales y patrones de violación
Aunque las víctimas de desapariciones forzadas cuentan con recursos internacionales para denunciar estos hechos, en Venezuela enfrentan múltiples obstáculos que imposibilitan llegar a la justicia.
“Existen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamamientos urgentes al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Sin embargo, el amparo está suspendido de facto”, resalta Zambrano.
Instituciones como la Fiscalía y los tribunales no procesan denuncias ni habeas corpus. Uno de los casos más recientes es el del abogado de Provesa, Eduardo Torres.
Según Zambrano, las autoridades venezolanas siguen patrones específicos en estas detenciones:
✅Ingresan a las casas bajo amenazas
✅Engañan a las personas diciendo que es una entrevista breve
✅Las privan de libertad sin orden judicial.
El abogado reiteró que la ausencia de registros sobre las detenciones impide conocer el paradero de las personas apresadas, sumado a la incomunicación y el aislamiento que agravan la situación y constituyen formas de desaparición forzada.
Prácticas que facilitan las violaciones
El director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sentencia que la negación de acceso a abogados y familiares es una práctica recurrente por agentes de seguridad del Estado en el país y subraya que cuando los familiares se enteran de forma extraoficial sobre el lugar de detención de su ser querido, se le impide la visita y tampoco se le garantiza la asistencia jurídica.
Zambrano recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ha sido insistente en la importancia de medidas preventivas, como registros actualizados y la prohibición de detenciones secretas.
En el país, subraya, estas medidas no se implementan y al no hacerlo facilitan las desapariciones forzadas. “La omisión de estos hechos viola estándares internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordó.
Ante el panorama de desprotección, las organizaciones no gubernamentales, cada vez más señaladas por el gobierno, son un recurso clave para ayudar a las víctimas ante la inacción del Estado.
“Somos las únicas que documentamos estas violaciones. Llevamos los casos a instancias internacionales y recopilamos pruebas para que la Corte Penal Internacional avance en sus procedimientos contra Venezuela”, afirma Zambrano.
