(Fuente: NTN24) En el último tramo de la sede espiral de El Helicoide opera el mayor centro de extorsiones en Venezuela por parte de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana, al mando del comisario Gerardo Bravo.
Allí son llevado venezolanos incautos que son registrados en alcabalas instaladas por la PNB en las calles de Caracas y el área metropolitana, de hecho por casi cualquier cosa: una infracción de tránsito, un mensaje considerado de instigación al odio, posesión de sustancias ilícitas como vaper, oponerse a la autoridad, actitud sospechosa.
Con información de NTN24
Se les detiene y son trasladados al Helicoide, conocido por ser el mayor centro de violación de derechos humanos. Ahí comienza el secuestro.
Los detenidos caen en pánico apenas tienen aviso de que serán trasladados a ese lugar y son capaces de pagar cualquier monto por evitar el calabozo.
Una vez en el Helicoide, funcionarios de la Brigada Motorizada le revisan exhaustivamente sus teléfonos para encontrar cualquier motivo para mantener el sicoterror, les dicen que no les harán daño si colaboran, les permiten una llamada y comienza la negociación.
«No tiene caso borrar cosas, ellos dicen que recuperan y leen todo».
A NTN24 han llegado distintas denuncias que coinciden con rostros, interrogatorios y procedimientos que dan cuenta de un patrón extorsivo como el que aplicaron las bandas armadas que una vez controlaron la Torre de David, o Centro Financiero Confinanzas, ocupado por delincuentes de alta peligrosidad que sembraron terror en el centro-occidente de Venezuela.
Hoy el terrorismo es institucional o de Estado. La PNB actúa bajo total permiso de la División de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y su comandante Gerardo Bravo, un hombre de estatura baja, obeso y calvo, aliado y adulador de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia.
Una fuente de la PNB aseguró a NTN24 que Gerardo Bravo elige muy bien a los uniformados que operan en esa unidad de El Helicoide, donde entran y salen a diario personas que negocian su libertad. Ningún uniformado lleva el nombre, no tienen distintivos, no se llaman por sus nombres, y son cuidadosos de los celulares encendidos, de lo que conversan o dicen delante del detenido.
«Son los más inescrupulosos, no tienen educación mínima, pero les dan un arma, uniforme y una moto, son los que echan a perder la imagen de la institución», dice la fuente. «Eso es un desastre, ahí todo el mundo sabe lo que pasa y todos comen de eso», afirma.
La práctica tiene tiempo, pero se masificó después del 28 de julio del 2024, cuando se produjeron miles de detenciones bajo cargos de oposición al régimen.
Los testimonios de víctimas coinciden en que la tarifa de la extorsión es de 6 mil dólares. «Uno tiene que llamar a la familia, a amigos, porque claro, nadie quiere quedarse ahí». Todas las llamadas se hacen únicamente a través del teléfono del detenido, quien recibe un pote de plástico para hacer sus necesidades y debe responder a los interrogatorios de todos los que entran al espacio pintado de blanco con un hedor nauseabundo.
Son amenazados de pasar a la celda conocida como «El Tigrito», o ser llevados ante la Fiscalía, pero insisten en que están “dispuestos a conversar” para evitar semejante daño.
«Ellos se muestran amables pero saben exactamente qué están haciendo, piden dinero, dicen que ‘el jefe’ quiere colaborar y cuando aceptas darles plata comienzan a presionar» por la hora en que una persona lleve el efectivo. Ese ‘jefe’ jamás se presenta en la extorsión.
Los entrevistados por NTN24 admiten que, por miedo, recaudaron dinero para sacar a sus familiares del lugar, aunque ninguno llegó a pagar 6 mil dólares, que parece una cifra de punto de partida de regateo.
«Todo el tiempo tienen tu teléfono en la mano, leen los chats, leen las redes, te preguntan por tu vida, qué haces, quién es fulano o mengano, se meten en los grupos de whatsapp, leen todo, todo, ven la galería de fotos, y te dicen cosas que supuestamente están mal en tus mensajes, te meten miedo, pero te dicen que no te harán daño si colaboras, sino, pasarás a un lugar peor. Uno es capaz de llamar a quien sea, vender lo que sea para darles dinero» – comenta otra víctima que promete hablar por última vez del asunto.
Una vez que se «hace el negocio», la persona de confianza del detenido llega hasta la entrada del El Helicoide donde lo recoge un PNB en una moto y lo sube hasta la División. Allí el familiar es cateado por una «fémina» o un «masculino» -dependiendo del caso- y debe entregar su teléfono apagado para verificar el estado del detenido. Lo hacen esperar en una sala y antes de irse, el detenido es obligado a grabar un video diciendo que fue sometido a un procedimiento «de rutina», que no fue golpeado y que le respetaron sus derechos.
Después de esa pesadilla, muchos han decidido irse del país.
