Al menos cinco presos políticos han muerto bajo custodia del régimen tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Solo en una de estas muertes, hubo un pronunciamiento del Ministerio Público, aunque no se indicó sobre una investigación al respecto.
#AUnAñoDelFraude || 🔴 Muertos bajo custodia del régimen: el costo de protestar en Venezuela.
— Dossier Venezuela (@DossierVzla) July 22, 2025
Al menos cinco presos políticos murieron bajo custodia del régimen tras las elecciones del 28J.
Otros tres fallecieron tras ser excarcelados con secuelas irreversibles por torturas,… pic.twitter.com/wtBkv7LOFK
Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, Oswald Alexander González Pérez, Reinaldo Araujo y Lindomar Jesús Amaro Bustamante, todos, muertos bajo responsabilidad del madurismo.
Oscar Murillo, abogado y coordinador general de Provea, recuerda que las muertes de personas privadas de libertad “son siempre responsabilidad del Estado”.
Y, no solo por ser quienes controlan y resguardan los recintos penitenciarios, sino también por omisión, al no atender las denuncias que hicieron familiares sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos sus seres queridos en vida.
“Cuando el Estado incurre en responsabilidades de este tipo, los familiares de las víctimas no solo tienen derecho a la justicia, sino también derecho a una reparación integral”, aseveró en una entrevista a NTN24, la abogada Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Incluso, en algunos de estos casos la inhumación de los cadáveres fue controlado por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen, restringiendo la privacidad del momento a sus familiares y amigos.
También murieron excarcelados, igual responsabilidad del régimen
Al menos tres personas más murieron después de ser excarcelados por serias complicaciones de salud tras la falta de atención médica especializada en los centros de detención donde estuvieron detenidos.
Como en el caso de Yorman David León, un joven de 28 años de edad detenido el 29 de julio en el Edo. Carabobo. Fue acusado de terrorismo y traición a la patria y recluído en la cárcel de Tocorón hasta el 4 de enero del presente año por su presunta participación en protestas postelectorales; falleció un mes después de recibir la medida de excarcelación.
Durante su reclusión, León enfrentó condiciones extremas de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y consumió alimentos en mal estado, lo que lo llevó a desarrollar desnutrición y un estado de salud crítico.
Tras su excarcelación, comentó su familia, llegó a su casa con fiebre, hematomas, una fisura y el estómago obstruido, y, tras chequeos médicos se le diagnosticó dengue, enfermedad que, por la desnutrición y la falta de atención médica durante su detención, le provocó un fallo multiorgánico que le causó la muerte.
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O como en el caso de la joven Ariadna Pinto de 20 años de edad, quien había sido diagnosticada con diabetes mellitus tipo I a los 10 años, una condición que lograba controlar con un tratamiento sistemático.
Sin embargo, tras su detención el 1 de agosto de 2024, su salud comenzó a deteriorarse gravemente, lo que le provocó retención de líquidos, convulsiones y descompensaciones severas. La joven falleció el 10 de mayo.
Y el caso más reciente, el de Wilmer García, un joven autista y paciente renal, quien permaneció tras las rejas hasta el 16 de noviembre cuando recibió medidas cautelares por su deteriorado estado de salud, para luego fallecer el 16 de mayo como consecuencia de las complicaciones derivadas del abandono al que fue sometido en prisión.
Un régimen con largo historial de muertes bajo custodia
Diversas organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos, han llevado cuenta de al menos 20 personas desde 2014 que fueron detenidas por motivos políticos y han muerto bajo custodia del régimen.
De estos fallecidos, sólo se informó públicamente sobre investigaciones o supuestas causas en las muertes del exconcejal Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el ingeniero Ángel Sequera, Leoner Azuaje, Juan Almeida, Marino Lugo Aguilar, y el general Raúl Isaías Baduel.
“Las muertes en custodia son un reflejo de la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en un informe publicado en septiembre de 2024.
Organizaciones locales e internacionales coinciden en que el Estado venezolano es directamente responsable de estas muertes. “El derecho internacional obliga a los gobiernos a garantizar la vida e integridad de los detenidos, pero en Venezuela esto se ignora deliberadamente”, señaló HRW en su informe de noviembre de 2024.
La negligencia médica, los maltratos y la falta de transparencia son patrones recurrentes en todos los casos documentados, además de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
