Venezuela vivió en 2024 uno de sus años más represivos en materia de derechos humanos, según el informe anual de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentado este miércoles en una transmisión pública a través de YouTube. La organización documentó 2.224 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un aumento del 88 % respecto a 2023.
El informe también reporta 60 denuncias de tortura, 93 heridos en manifestaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y un drástico incremento de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
Más de 2.000 víctimas de tratos crueles y un incremento sin precedentes en detenciones
Durante la presentación, Lissette González, coordinadora de investigación de Provea, alertó que en 2024 se registraron 72 allanamientos ilegales, lo que representa un incremento del 300 % respecto al año anterior.
«Esto es un subregistro. Solo documentamos lo que llegó a medios o fue denunciado públicamente», precisó.
En materia de libertad personal, Provea contabilizó 2.635 detenciones arbitrarias, con un aumento del 1.347,8 % en comparación con 2023. La mayoría de estas aprehensiones se produjeron en el contexto de la crisis postelectoral, y el 94 % de los detenidos provenían de sectores populares, reflejando un patrón de persecución selectiva.
Violaciones al derecho a la vida: 522 asesinatos estatales en 2024
Uno de los datos más preocupantes del informe es el registro de 522 personas asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado. El 65 % de las víctimas tenía entre 18 y 30 años, mientras que el 3,36 % eran adolescentes. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue señalada como el principal organismo responsable, con 151 muertes atribuidas.
González subrayó que estas ejecuciones extrajudiciales se enmarcan en un patrón sistemático de criminalización de jóvenes pobres:
«Persiste el patrón de criminalización de los hombres jóvenes de sectores populares. Estas muertes son presentadas como enfrentamientos, y no se investigan adecuadamente para determinar responsabilidades.»
Una década de violencia institucional
Desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió su primer mandato, Provea ha documentado 10.517 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales 6.414 ocurrieron entre 2019 y 2024.
El informe advierte que la impunidad sistemática impide la identificación y sanción de los responsables, mientras el sistema judicial legitima las acciones violentas del Estado bajo el pretexto de “enfrentamientos”.
El informe se publica en medio de un clima de creciente presión internacional tras los señalamientos de organismos como Human Rights Watch, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional, que investigan crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Provea reiteró su exigencia de una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre los crímenes documentados y exhortó a los gobiernos democráticos a no normalizar las relaciones con el régimen venezolano sin condiciones claras y verificables en materia de derechos humanos.
Con este nuevo informe, Provea advierte que la represión en Venezuela no solo continúa, sino que se profundiza, apuntando hacia un deterioro estructural de las garantías fundamentales en el país.
