El régimen de Nicolás Maduro, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), permitió que familiares en Caracas retiren pasaportes de venezolanos residentes en países sin representación consular, una acción que llega tarde para millones forzados al exilio por la represión sistemática y violaciones de derechos humanos.
Esta medida aplica a documentos tramitados entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2025, en naciones como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Sin embargo, en un contexto de 7.7 millones de migrantes venezolanos según ACNUR, esta «facilidad» no resuelve la asfixia burocrática que el régimen usa para controlar y castigar a disidentes.
Los familiares autorizados incluyen padres, madres, abuelos, hijos mayores de edad y hermanos. El titular debe tramitar un poder apostillado en su país de residencia y pagar un arancel de resguardo equivalente a 8 Unidades Tributarias (aproximadamente 1.075,84 bolívares al 14 de agosto de 2025, con el dólar en 134,48 bolívares). El Saime reiteró los costos de pasaportes: ordinario para menores de 3 a 5 años cuesta 120 dólares (16.137,6 bolívares), de 3 a 17 años 164 dólares (22.054,72 bolívares), y mayores de 18 años 216 dólares (29.047,68 bolívares). Para habilitados, las cifras suben a 290 dólares (39.000,2 bolívares), 310 dólares (41.688,8 bolívares) y 350 dólares (47.068 bolívares), respectivamente.
