En menos de 48 horas, el régimen de Nicolás Maduro sumó al sindicalista Roberto Campero a la lista de presos políticos, detenido arbitrariamente en Turmero, Aragua, el 14 de agosto de 2025. Campero, dirigente de Sitraenseñanza y miembro de Vente Venezuela, fue sacado de su hogar por funcionarios desconocidos que allanaron la residencia, derribando la puerta y robando celulares y laptops, sin orden judicial ni información sobre su paradero.
Esta acción, denunciada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), evidencia la represión sistemática contra activistas sindicales y opositores, en un contexto de terrorismo de Estado que viola derechos humanos y perpetúa el miedo tras las elecciones fraudulentas de 2024.
El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y el politólogo Nicmer Evans reportaron que la detención ocurrió en la noche del jueves, cuando agentes sin identificación irrumpieron violentamente en la vivienda de Campero.
“La casa del Prof. Roberto Campero, dirigente de Sitraenseñanza en Aragua, fue allanada por un cuerpo policial desconocido. A sus familiares les quitaron celulares y laptops. Se desconoce su paradero”, denunció Clippve en X.
Campero, profesor universitario y líder sindical, ha sido voz clave en protestas contra la precariedad laboral, exigiendo salarios dignos en un país donde el mínimo es menos de un dólar. Horas antes, sindicalistas protestaron en Caracas contra la represión, recordando que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares.
“Hay un espacio de represión inaudita contra el pueblo venezolano”, afirmó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de la UCV.
Esta detención sigue a la excarcelación de Martha Lía Grajales y la desaparición de Rusbelia Astudillo, destacando la “puerta giratoria” de la represión. Foro Penal reporta 807 presos políticos, con detenciones arbitrarias que incluyen sindicalistas como Iván Freites y José Bodas, arrestados por exigir derechos laborales.
Represión sindical: Un ataque al pueblo trabajador
La Fuerza Nacional de Trabajadores condenó “enérgicamente la detención arbitraria de Roberto Campero, defensor de DDHH, y exigimos su libertad inmediata”. La Confederación Sindical Internacional (CSI) clasifica a Venezuela en el peor nivel de derechos laborales, con detenciones sistemáticas para silenciar disidencia.
Organizaciones como Provea alertan que esta represión forma parte de crímenes de lesa humanidad, con 15 desapariciones forzadas documentadas por Amnistía Internacional en el último año. La CIDH denuncia un “clima de miedo” postelectoral, con 2,200 detenciones arbitrarias y 25 asesinatos.
Campero, al igual que Astudillo, representa la lucha de jubilados y trabajadores contra un régimen que paga pensiones miserables mientras incauta millones en narcotráfico, como los 700 millones decomisados por EE.UU. al Cartel de los Soles.
