La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, confirmó su salida de Venezuela y llegada a Colombia el 17 de agosto de 2025, tras siete meses refugiada en la embajada colombiana en Caracas. Díaz, quien denunció la negación de salvoconducto por parte de Maduro pese a no existir orden de captura, agradeció las gestiones del gobierno de Gustavo Petro para su evacuación segura.
Esta huida evidencia la represión sistemática de Maduro contra opositores, que ha forzado el exilio de miles mientras mantiene 807 presos políticos, según Foro Penal.
Díaz expresó en X: “Gracias a las gestiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, de la canciller Yolanda Villavicencio, así como del embajador Milton Rengifo y a la colaboración de decenas de héroes anónimos, logramos salir de la Residencia del Embajador de Colombia en Caracas y estamos en territorio colombiano a salvo y en compañía de parte de la familia”. Afirmó que se tomará tiempo para “reflexionar” y replantear objetivos, siempre con la defensa de Venezuela como norte.
El gobierno colombiano concedió asilo diplomático a Díaz el 11 de enero de 2025, tras argumentos de persecución política por parte del régimen de Maduro. La Cancillería colombiana señaló que Maduro manifestó no necesitar salvoconducto, ya que no pesa orden de captura ni proceso judicial sobre ella. Sin embargo, Díaz denunció el 6 de agosto que Maduro negaba el salvoconducto, alegando ausencia de persecución, lo que prolongó su encierro en la embajada.
Maduro y la persecución judicial: El caso de Díaz
En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro multó a Díaz y le prohibió ejercer su profesión por asesorar un recurso que exigía publicar resultados desagregados de las presidenciales del 28 de julio, donde Maduro reclamó victoria fraudulenta. El TSJ acusó a Díaz de “cuestionar e irrespetar” su potestad y generar “zozobra” en la población, un pretexto común para silenciar disidentes.
Díaz, exconstituyente chavista que se distanció del régimen por sus violaciones de derechos humanos, ha sido vocal contra la corrupción y el fraude electoral de Maduro. Su exilio se suma al de 477 periodistas forzados a huir entre 2018 y 2024, según el informe “Voces desplazadas”, reflejando el terror impuesto por Maduro.
La persecución a Díaz ilustra el “clima de miedo” denunciado por la CIDH, con 15 desapariciones forzadas y 2,200 detenciones arbitrarias desde 2024. Maduro, acusado por EE. UU. de liderar el Cartel de los Soles, enfrenta incautaciones de 700 millones de dólares en activos y una recompensa de 50 millones por su captura.
