El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela I el 18 de agosto de 2025, tras una solicitud de recusación por conflicto de intereses, según un documento de la CPI.
La decisión responde a la relación familiar entre Khan y su cuñada, la abogada penalista Venkateswari Alagendra, parte del equipo legal de Nicolás Maduro. La Sala de Apelaciones ordenó su apartamiento el 1 de agosto, dando tres semanas para cumplir, plazo que Khan respetó al delegar el caso al fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang. Este desarrollo acelera la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde el régimen de Maduro enfrenta acusaciones por desapariciones forzadas y represión sistemática.
Khan afirmó no haber cometido impropiedades ni discutido el caso con Alagendra, pero acató la decisión para garantizar imparcialidad, comprometiéndose a no acceder a expedientes ni decisiones del caso. La Fundación Arcadia y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI exigieron celeridad en la investigación, admitida desde junio de 2023, destacando el «patrón de desaparición forzada» denunciado por el panel de expertos de la OEA en diciembre de 2024.
Maduro: Un narcoestado bajo escrutinio
El caso Venezuela I, iniciado tras la remisión de la OEA en 2018, investiga crímenes de lesa humanidad como asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias desde 2014. Foro Penal reporta 807 presos políticos, con casos recientes como las desapariciones de Rusbelia Astudillo y Roberto Campero. La CIDH documenta 15 desapariciones forzadas en el último año, mientras Amnistía Internacional exige acción en la Cumbre UE-CELAC.
Maduro, acusado por EE. UU. de liderar el Cartel de los Soles, enfrenta una recompensa de 50 millones de dólares y despliegues militares en el Caribe. Pam Bondi reveló incautaciones de 700 millones en activos, mientras Marco Rubio calificó al régimen de «empresa criminal». Maduro respondió con paranoia, prohibiendo drones y armando a 4,5 millones de milicianos.
