El senador republicano Bernie Moreno intensificó la presión sobre Nicolás Maduro el 19 de agosto de 2025, tras el anuncio del despliegue de tres destructores de la Marina estadounidense en el Caribe como parte de la ofensiva contra el narcotráfico.
En un mensaje en X, Moreno escribió: “Tenemos un presidente con la claridad moral y la fortaleza para proteger las vidas estadounidenses. A los terroristas se les tratará como siempre se les ha tratado. Maduro debería dormir con los ojos abiertos. Alguien en Venezuela será 50 millones de dólares más rico pronto”, en referencia a la recompensa ofrecida por Washington por la captura del líder chavista. Este mensaje se conoció horas después de que la Casa Blanca confirmara el despliegue de los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, junto con 4,000 efectivos, aviones P-8 y un submarino nuclear clase Virginia, según @orlvndoa.
La portavoz presidencial Karoline Leavitt reafirmó la postura de EE. UU., declarando que Donald Trump está preparado para “usar todo su poder” para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia.
“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo acusado en EE. UU. de tráfico de drogas”, insistió Leavitt, destacando la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global.
Maduro acorralado: Respuesta belicista y represión interna
Maduro respondió con un discurso belicista el 18 de agosto, prometiendo defender “mares, cielos y tierras” contra un “imperio en decadencia” y ordenando armar a 4,5 millones de milicianos. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López negaron las acusaciones, tildando al Cartel de los Soles de “invento” y a EE.UU. de fabricar “falsos positivos”. Sin embargo, la realidad es cruda: Pam Bondi reveló incautaciones de 700 millones de dólares en activos de Maduro, incluyendo jets y mansiones, mientras Marco Rubio calificó al régimen de “empresa criminal”.
Internamente, la represión persiste. Foro Penal reporta 807 presos políticos, con casos como Rusbelia Astudillo y Roberto Campero. La CIDH documenta 15 desapariciones forzadas en el último año, y el femicidio de Nuvia Perozo en Carabobo refleja la impunidad sistémica. Gustavo Petro advirtió que una invasión convertiría a Venezuela en “otra Siria”, pero analistas como Antonio de la Cruz de Inter American Trends descartan apoyo colombiano a Maduro.
El despliegue militar, el más contundente desde la invasión a Panamá en 1989, según EL TIEMPO, busca desmantelar el Cartel de los Soles, acusado de traficar 250 toneladas de cocaína anuales. La CPI, con el caso Venezuela I ahora bajo Mame Mandiaye Niang tras la recusación de Karim Khan, acelera investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
