El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció el 20 de agosto de 2025 una drástica reducción de su ayuda alimentaria en Venezuela, afectando a 400,000 personas en zonas remotas y vulnerables, debido a la insuficiencia de financiamiento.
Este recorte, que deja sin asistencia a estados como Anzoátegui, Barinas, Monagas, Trujillo y Yaracuy, ocurre en un contexto donde al menos 4 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria, según estimaciones de la ONU. Lucía Ruz, asociada del PMA, expresó: «Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones».
El PMA, que operaba con un presupuesto de 40,3 millones de euros, enfrenta este recorte tras la pérdida de financiamiento de Estados Unidos, que en enero de 2025 congeló su ayuda exterior y desmanteló USAID, acusada sin pruebas por Donald Trump de corrupción.
Aunque inicialmente se prometió mantener la ayuda alimentaria de emergencia, la falta de fondos obligó a priorizar, dejando a la mitad de los beneficiarios sin asistencia. Otros programas de la ONU, como los de salud reproductiva del UNFPA, nutrición y agricultura, también se ven afectados, en un país donde el 80% de la población depende de la tierra para sobrevivir.
Crisis humanitaria agudizada por el régimen de Nicolás Maduro
Este recorte se produce en medio de un cerco internacional contra Nicolás Maduro, acusado por EE. UU. de liderar el Cartel de los Soles, con un despliegue militar en el Caribe que incluye destructores como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, un escuadrón anfibio y un submarino nuclear clase Virginia. La recompensa por Maduro se elevó a 50 millones de dólares, mientras Pam Bondi reveló incautaciones de 700 millones en activos del régimen. Jorge Rodríguez, en un tono desesperado, amenazó: «Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale», reflejando el pánico frente a la presión.
Internamente, la represión persiste: Foro Penal reporta 807 presos políticos, con casos como Rusbelia Astudillo y Roberto Campero. La CIDH denuncia 15 desapariciones forzadas en un año, mientras Amnistía exige acción en la Cumbre UE-CELAC. El femicidio de Nuvia Perozo en Carabobo subraya la impunidad bajo Maduro. Gustavo Petro advirtió que una invasión convertiría a Venezuela en «otra Siria», pero analistas como Antonio de la Cruz descartan apoyo colombiano a Maduro.
