Los hermanos Rolando Guevara, Otoniel Guevara y su primo Juan Guevara, condenados a casi 30 años de cárcel por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004, han sido objeto de un traslado arbitrario desde el Sebin-El Helicoide hace dos semanas, sin que se informe a sus familiares su paradero ni la razón.
Sus familiares denunciaron violaciones a la ley venezolana y acudieron al Juzgado Sexto de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, donde la jueza Fátima Jardín se negó a recibir y sellar una diligencia formalmente consignada, a pesar de un requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció un plazo límite para que el Estado venezolano informe sobre su ubicación. Esta negativa representa un «grave obstáculo» en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, según el comunicado.
De la mira de Chávez a la condena por el atentado a Anderson
La obsesión de Hugo Chávez con los Guevara comenzó mucho antes del caso Anderson. Otoniel Guevara Pérez, comisario de la DISIP durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue acusado por Chávez de violar derechos humanos durante el golpe de 1992, aunque no avanzó judicialmente. En 2001, fue señalado de encubrir a Vladimiro Montesinos, sin pruebas suficientes para condenarlo. En 2004, tras el atentado contra Danilo Anderson, que investigaba la «Banda de los Enanos» –un grupo de jueces corruptos como Maikel Moreno y Raúl Gorrín–, los Guevara fueron acusados sin evidencias sólidas.
Giovanni Vásquez de Armas, presunto testigo, admitió en 2006 que el juicio fue un montaje y que recibió tres millones de dólares para falsear su testimonio. Alexis Peñuela Márquez y el exfiscal Hernando Contreras, desde el exilio, también confirmaron que el proceso fue fabricado por el régimen.
Tortura y desaparición forzada
Los Guevara fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante tres días tras el atentado, reapareciendo en Carabobo tras un supuesto «rescate» por la Guardia Nacional Bolivariana. En 2005, fueron condenados a 27-29 años de prisión por homicidio calificado y agavillamiento, pese a la falta de pruebas.
La CIDH revisó el caso, concluyendo que su detención es arbitraria y exigiendo al gobierno venezolano remediar la situación. Sin embargo, el régimen de Maduro continúa violando derechos humanos.
