La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresó su profunda preocupación ante el anuncio de las autoridades estadounidenses sobre la finalización del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que otorga estatus migratorio legal a más de seiscientos mil venezolanos que, debido a la crisis humanitaria en su país, se vieron obligados a emigrar.
Desde la organización se destaca la urgencia de que el Gobierno de Estados Unidos revise su política migratoria y brinde alternativas que permitan la permanencia legal de la mayoría de los venezolanos: hombres y mujeres trabajadoras, honestos, que han hecho de Estados Unidos su nuevo hogar y contribuyen activamente al desarrollo del país.
«Ser venezolano no es delito, y ser migrante tampoco debería serlo», afirmaron.
El Gobierno del presidente Donald Trump decidió este miércoles revocar el TPS otorgado a los venezolanos en 2021, dejando en riesgo de deportación a unos 250.000 inmigrantes. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que no se extenderá la protección que había concedido la administración del presidente Joe Biden entre 2021 y 2025. El TPS otorgaba, además del estatus legal, un permiso de trabajo y protección frente a la deportación. Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), explicó que la decisión se basa en «el importante papel» de Venezuela en la migración irregular y el efecto imán que, según el gobierno, genera el TPS.
«Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz», afirmó Noem, agregando que las condiciones actuales en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y que extenderlo estaría en contravía del interés nacional.
La decisión se conoce después de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificara el fallo de un juez federal que concluyó que la finalización del TPS para cerca de 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por esta medida, es ilegal. Sin embargo, la incertidumbre persiste para los beneficiarios, quienes enfrentan la posibilidad de ser deportados o de permanecer en Estados Unidos bajo la protección temporal, dependiendo de la resolución judicial. Edward Chen, juez federal de California, tiene plazo hasta el 9 de septiembre para emitir sentencia definitiva sobre una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y otros siete demandantes venezolanos en representación de los beneficiarios del programa.
Estas acciones se producen en un contexto de creciente presión internacional contra Maduro, tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global por EE. UU., con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
