El Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro, liderado por Tarek William Saab, anunció una operación contra la corrupción en el sistema de justicia venezolano, iniciada el 7 de septiembre, que ha imputado a varios jueces y 14 fiscales de Carabobo, incluido el exfiscal superior de la entidad. Según un comunicado en redes sociales, la iniciativa busca “proteger la integridad del sistema” y cuenta con “gran apoyo popular”. Sin embargo, esta maniobra se percibe como una cortina de humo para desviar la atención de los crímenes de lesa humanidad y la complicidad del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico.
El MP afirma haber procesado a 570 funcionarios por delitos contra la Ley y la Constitución, destacando su compromiso con la “paz republicana”.
Saab aseguró: “La integridad del sistema de justicia es fundamental, y continuaremos actuando sin contemplación contra quienes lo desvíen”. No obstante, la ONG Transparencia Venezuela denuncia que el Poder Judicial, controlado por el chavismo, carece de independencia, con jueces y fiscales que actúan bajo órdenes políticas para reprimir a la oposición.
La operación coincide con la presión internacional contra el régimen, incluyendo el cerco naval de EE. UU. contra el Cártel de los Soles, acusado de estar liderado por Maduro. Foro Penal reporta 823 presos políticos, víctimas de un sistema judicial que perpetúa detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, como en los casos de Miriam Fernández y Chantal Guillén.
La supuesta lucha anticorrupción del MP es cuestionada por su historial de encubrimiento. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Saab por su rol en violaciones de derechos humanos, incluyendo la persecución de opositores como María Corina Machado y la detención de 91 extranjeros, entre ellos 15 españoles liberados en 2024-2025. La Misión de la ONU ha calificado estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, evidenciando la falta de justicia real en Venezuela.
