La ONG Provea denunció este viernes la precarización sistemática del empleo en Venezuela, recordando que han transcurrido 1.276 días sin un aumento al salario mínimo, estancado en 130 bolívares —equivalentes a unos 0,88 dólares al mes según el tipo de cambio oficial—. Este monto miserable, complementado con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares sin incidencia laboral, viola la Constitución y tratados internacionales, condenando a millones a la pobreza extrema mientras el régimen de Nicolás Maduro desvía recursos al narcotráfico y la represión. Provea enfatizó en X que esta política de bonificación agresiva “flexibiliza las relaciones laborales, precariza el empleo decente y mengua la calidad de vida de las familias”, contraviniendo la progresividad de los derechos laborales.
El salario mínimo, base para pensiones y beneficios como vacaciones y utilidades, no se ajusta desde marzo de 2022, cuando equivalía a 30 dólares. Provea, citando la Constitución (Artículo 91), obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente ajustado a la canasta básica, un mandato ignorado por Maduro. La APUCV, en comunicado compartido por Provea, exige al gobierno “desistir de imponer unilateralmente condiciones laborales” y salarizar el bono de guerra económica de 120 dólares, que impactaría en prestaciones. Esta demanda resalta cómo los bonos, no contemplados en la ley, debilitan sistemas de previsión social y desvalorizan la experiencia docente.
En julio, Provea reiteró esta obligación constitucional, mientras Cendas-FVM reportó en abril que una familia de cinco necesita 503,73 dólares mensuales solo para alimentación básica —un aumento del 22,9% intermensual—, equivalente a 348,73 salarios mínimos. Con el salario mínimo en 0,3% de la canasta, los trabajadores enfrentan hambruna, impulsando la emigración masiva que el TPS en EE.UU. alivia temporalmente para 600.000 venezolanos.
La política de bonos unilaterales, como el de guerra económica (120 dólares indexados) y alimentación (40 dólares), sustituye el tabulador salarial, desmantelando la negociación colectiva amparada en el Convenio 154 de la OIT. La APUCV propone su salarización para recuperar poder adquisitivo y atraer docentes emigrados, ya que el bono vacacional se ha mermado desde 2022 por la precariedad del salario base. Pensionados, con solo 130 bolívares más bonos irregulares, sufren el período más largo sin ajustes en 28 años, un despojo que Provea califica de “demolición del ahorro familiar”.
