La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares a favor del preso político Aldo Roso Vargas, un activista de 70 años de edad, ante el riesgo de muerte que corre por la negativa del régimen de Nicolás Maduro a brindarle atención médica.
Roso sufre una hernia inguinal que degeneró en un tumor, esta situación se agravó significativamente mientras permanece en «condiciones infrahumanas».
Con información de El Nacional
De acuerdo a una reseña de Infobae, el caso de Aldo Roso, también maestro de albañilería y profesor de fútbol, se catalogó por la CIDH como una situación de «gravedad y urgencia». El organismo internacional solicitó al régimen que adopte de inmediato las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Roso Vargas, y que le garantice una valoración y tratamiento médico oportuno.
Conexión con el empresario Ricardo Albacete
La detención de Roso Vargas se produjo el 4 de julio de 2024, cuando lo arrestaron funcionarios que lo vincularon con el empresario Ricardo Albacete, supuestamente como parte de un plan de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional.
Según la información disponible, a Roso se le acusó de delitos como traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, a pesar de que no conocía a Albacete, cuya verdadera acusación se dio por dar posada a la líder opositora María Corina Machado durante su campaña presidencial.
Mientras a Albacete lo liberaron y desterraron a España tras más de cinco meses de prisión, Aldo Roso permanece en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PBN) en La Yaguara, en condiciones deplorables.
Su hija, Yuly del Valle Roso Quintero, denunció que el recinto alberga a 600 detenidos en un espacio reducido, con escaso acceso a servicios básicos, comida de mala calidad, plagas de insectos y brotes de enfermedades.
Atención médica y medidas de la CIDH
A pesar de que un informe médico forense de febrero de 2025 ordenó que Roso se le trasladara a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente, las autoridades penitenciarias niegan la autorización, un hecho que se denunció ante la Fiscalía General y los tribunales sin éxito.
La familia de Roso asegura que la burocracia y la inacción impidieron que el informe forense llegue al tribunal correspondiente, lo que pone en peligro la vida del activista.
