El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela ha alertado que la salud de tres presos políticos, Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda, se encuentra en riesgo.
A través de la red social X (Twitter), el comité detalló las críticas condiciones de cada uno:
- Perkins Rocha, abogado de la principal coalición opositora detenido en agosto de 2024, tiene una válvula cerebral debido a patologías previas como hidrocefalia y tuberculosis cerebral. Pese a contar con medidas cautelares, se encuentra aislado en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – Sebin en Caracas) y sin acceso a su médico personal.
- Juan Iriarte, detenido en junio de 2024, fue operado del corazón, es asmático e hipertenso. Según el partido, en el Sebin le diagnosticaron cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y, tras ser trasladado al penal de Yare II, no se le permitió llevar sus medicamentos.
- Marianela Ojeda, arrestada en enero, padece hernias discales que limitan su movilidad. La organización denuncia que duerme en el suelo en un centro penitenciario del estado Trujillo, no tiene acceso a su médico privado y su salud emocional se deteriora.
«Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente», expresó Vente venezuela
Con información de El Nacional
823 presos políticos en Venezuela
La denuncia del partido político coincide con el reciente informe de la Comisión de la ONU para Venezuela, que ha confirmado la persistencia del «crimen de persecución por razones políticas» en el país.
La ONU señaló que, ante la incapacidad de las autoridades nacionales para sancionar estas violaciones, la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos después de los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto, un resultado denunciado como fraudulento por la oposición.
Tanto el gobierno como la Fiscalía niegan la existencia de presos políticos, argumentando que todos los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes, una afirmación que organizaciones de derechos humanos y partidos opositores rechazan.
