Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera y preso político Luis Bandres, ha denunciado que un total de 16 militares recluidos en el centro penitenciario Ramo Verde y con pena ya cumplida se encuentran desaparecidos desde el 02 de noviembre.
La denuncia fue realizada durante una concentración de familiares de presos políticos frente al Ministerio Público, organizada con apoyo del Comité de Familiares de Presos Políticos (Clippve).
Hernández ha señalado que a los militares se les pidió recoger sus pertenencias porque serían trasladados de Ramo Verde a tribunales para otórgales la libertad, pero no hay constancia oficial de su traslado, paradero ni estado físico.
Sin fe de vida de 16 militares detenidos en Ramo Verde
Los familiares han acudido a varias cárceles militares y civiles en busca de información, pero la respuesta ha sido la misma: los detenidos no se encuentran registrados en ninguna de las instalaciones.
Incluso acudieron a altos mandos dentro de Fuerte Tiuna, donde solo recibieron la afirmación verbal de que los militares “están vivos”, pero no se ha emitido una fe de vida, denunció Hernández.
“Los familiares tienen temor, algunos han sido amenazados de que si continúan denunciando serán detenidos. Yo soy portavoz porque alguien tiene que decirlo”, afirmó.
Casos similares en otros centros de detención
Las familias también alertaron sobre otras situaciones graves de incomunicación y presunta desaparición forzada. En Fuerte Guaicaipuro, cuatro militares no reciben visitas desde hace ocho meses, mientras que en El Helicoide, 20 presos políticos están desaparecidos desde su traslado, sin información oficial sobre su paradero ni estado de salud.
Los familiares que se trasladaron hasta Fuerte Guaicaipuro fueron intimidados por funcionarios que amenazaron con detenerlos si seguían solicitando información sobre sus seres queridos.
Durante la concentración en el Ministerio Público, los denunciantes señalaron que el fiscal general y el defensor del pueblo no han ofrecido atención ni respuestas, pese a la gravedad de la situación.
La organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Estado venezolano un pronunciamiento inmediato sobre el paradero de los 16 militares de Ramo Verde, así como una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias.
También reclamaron garantías para los familiares y cese de las amenazas, y acceso a visitas, información oficial y protección de derechos humanos.
