La ONG SOS Orinoco ha solicitado transparencia ante un posible acuerdo comercial entre el régimen venezolano y Estados Unidos para exportar oro venezolano a mercado internacional, en medio de sanciones aún vigentes contra el sector aurífero en Venezuela.
Los reportes citados por la organización ambiental señalan que la estatal minera Minerven podría suministrar hasta mil kilogramos de oro a la comercializadora de materias primas Trafigura, con destino final en refinerías estadounidenses.
Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, ha culminado una visita oficial a Venezuela en la que promovió inversiones en el sector minero y sostuvo reuniones con la dictadora Delcy Rodríguez.
Doug expresó optimismo sobre la posibilidad de abrir el sector a capital extranjero y anunció que Washington podría otorgar licencias para que empresas mineras operen en Venezuela, mientras el chavismo avanza en una reforma de su legislación minera para facilitar esas inversiones.
Con información de El Nacional
Minería ilegal, ecocidio y crimen organizado
SOS Orinoco, sin embargo, advirtió que cualquier operación vinculada con el oro venezolano debe someterse a un riguroso escrutinio internacional.
También recordó que buena parte de la producción aurífera del sur del país está asociada a minería ilegal, daños ambientales y redes del crimen organizado, particularmente en la región del Arco Minero del Orinoco.
“La minería en Venezuela no puede desarrollarse sin transparencia y trazabilidad desde el inicio”, afirmó la directora ejecutiva de la ONG, Cristina Burelli.
Manifestó que si el oro venezolano entra nuevamente en los mercados internacionales con participación de Estados Unidos, tanto los venezolanos como la comunidad internacional deberían conocer con precisión su origen y destino.
SOS Orinoco planteó asimismo dos interrogantes principales.
La primera es el origen del oro que podría exportarse, dado que parte importante de la producción proviene de explotaciones ilegales dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Y la segunda es la trazabilidad de la cadena de suministro, incluyendo qué refinerías procesarían el mineral y qué mecanismos garantizarían el cumplimiento de sanciones y estándares ambientales.
El riesgo de financiar redes corruptas o criminales
Recordó además que las sanciones estadounidenses contra el sector aurífero venezolano, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, siguen formalmente vigentes y se diseñaron para impedir que el comercio de oro financiara redes de corrupción o represión estatal.
La preocupación también la plantearon Burelli y el científico Francisco Dallmeier en un artículo de opinión publicado en The Washington Post, en el que alertaron que la economía minera ilícita venezolana contamina ríos, afecta territorios indígenas y puede financiar grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el Parlamento revisa una reforma de la Ley de Minas que permitiría la participación de grandes empresas internacionales en la explotación de oro, diamantes y tierras raras.
“Venezuela posee una inmensa riqueza mineral, pero el desarrollo responsable debe comenzar con total transparencia, estrictas salvaguardias ambientales y respeto por los derechos indígenas”, enfatizó SOS Orinoco.
“Sin controles claros desde el inicio, el mundo corre el riesgo de financiar las mismas redes criminales que Venezuela intenta desmantelar”, advirtió Burelli.
