La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha alertado sobre la posibilidad de que el régimen de Delcy Rodríguez y sus aliados estén planificando, en desconocimiento a lo establecido en la Constitución de la República, repartirse los cargos de Fiscal General y de Defensor del Pueblo.
El objetivo, denunciado por la PUD en un comunicado, sería garantizar que los designados mantengan lealtad al régimen, así como la subordinación a un aparato represivo que durante años “ha actuado con impunidad y permitido el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes”.
“La autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es indispensable para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado”, señaló.
La Coalición también indicó que la Constitución establece que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
Con información de El Nacional
Por lo tanto, subrayó que el fiscal general de la República debe garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso. Además, que se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política.
“No se trata de un cargo administrativo más. Se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, expresó.
“Por esa razón, la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder. La independencia de estas instituciones es una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, añadió.
Indispensable para una verdadera transición
La Unidad también afirmó que la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades.
Frente a ese escenario, el grupo expresó que las designaciones deben formar parte del proceso de transición democrática que se necesita en el país. No de “acuerdo opacos” que pretendan prolongar la subordinación de las instituciones al poder político.
“Venezuela exige instituciones plenamente apegadas al mandato constitucional y al servicio de la ley, de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos. Y no funcionarios sometidos a un régimen que pretende perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado. El país reclama justicia independiente, respeto a la Constitución y el fin definitivo de la persecución política”, expresó.
La semana pasada, la Asamblea Nacional comenzó el proceso de postulación a los cargos de defensor del pueblo y fiscal general de la República. El proceso se extendió hasta el viernes 13 de marzo.
