La ONG Acceso a la Justicia ha pedido que se hagan públicos los criterios de evaluación para escoger al nuevo Fiscal General y al Defensor del Pueblo, en medio del preso de postulaciones que adelanta la Asamblea Nacional Chavista.
La ONG explicó a través de las redes sociales que estos criterios, conocidos como baremo, son una herramienta que fija requisitos y permite calificar a los aspirantes con base en elementos objetivos, como su formación, experiencia y trayectoria.
Su aplicación ayuda a que la selección se basa en el mérito y no en factores políticos o discrecionales. La ONG recordó que asimismo la Ley Orgánica del Poder Ciudadano obliga a establecer estos mecanismos tantos para la postulación como para la evaluación de los candidatos.
Subrayó que deben hacerse públicos para garantizar transparencia. “Las organizaciones de la sociedad civil simplemente solicitamos que se cumpla con este mandato legal”, indicó.
Con información de El Nacional
La petición la hizo la ONG el mismo día en el que se conocieron los nombres de las 73 personas que se postularon para el cargo de fiscal general y las 61 para defensor del pueblo.
Cerca de 100 candidatos entrevistados
El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, señaló el lunes que ya han entrevistado a cerca de 100 aspirantes y que el proceso continuará en los próximos días.
También invitó a los ciudadanos a presentar objeciones sobre candidatos que consideren que no cumplen con los requisitos.
Entre los postulados a fiscal general figura Larry Devoe, quien ocupa actualmente el cargo de forma temporal. Es además una figura cercana a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha negado las violaciones de derechos humanos bajo el régimen chavista.
También destaca la abogada penalista Magaly Vásquez, secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Para defensor del pueblo aparece, entre otros, Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura y quien llegó a asegurar sin una investigación transparente previa que a Juan Pablo Pernalete lo asesinaron con una pistola de perno en una protesta antigubernamental en 2017.
El proceso se inició tras la renuncia, el pasado 25 de febrero, de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente, en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.
La coalición Plataforma Unitaria Democrática alertó la semana pasada sobre la presunta negociación opaca entre el chavismo y sectores aliados. El objetivo sería elegir funcionarios que respondan a los intereses del poder y no los de los ciudadanos.
