La ONG SOS Orinoco denunció el 19 de junio que la expansión de la minería ilegal en la región Amazonía-Guayana venezolana no fue una pérdida accidental de control territorial, sino el resultado de una política institucional diseñada de forma deliberada por el régimen de Nicolás Maduro para saquear los recursos naturales del país en beneficio de particulares.
«La destrucción causada por la minería ilegal en la Amazonía-Guayana venezolana no fue un accidente ni una simple pérdida de control. Fue el resultado de una política diseñada para saquear en beneficio de unos particulares las riquezas de la nación. No fue ausencia del Estado: fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad», señaló la organización.
Con información de Caleidoscopio Humano
El desmantelamiento sistemático
Según SOS Orinoco, el proceso comenzó en 2008 con la revocación de la concesión otorgada a la empresa Gold Reserve Inc., medida que derivó en un litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) que condenó a Venezuela al pago de 769 millones de dólares por daños y perjuicios. En 2011, la confiscación de los depósitos auríferos de Crystallex generó una nueva condena de 1,2 millardos de dólares, consolidando una deuda multimillonaria para el Estado y el abandono de los estándares de impacto ambiental en las zonas de extracción.
El punto de quiebre institucional llegó en 2016 con la promulgación del Decreto 2.248 que creó el Arco Minero del Orinoco, una iniciativa presidencial orientada a percibir ingresos alternativos mediante un esquema extractivista que, en la práctica, facilitó la entrega de minas a bandas criminales y estructuras del pranato minero como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua.
A través de imágenes satelitales y pruebas cartográficas, la ONG documentó cómo los terrenos que en 2006 albergaban infraestructura legal y campamentos técnicos construidos bajo regulaciones se convirtieron en 2026 en extensos cráteres de erosión y lagunas de contaminación mercurial que destruyen las cuencas hidrográficas de la Amazonía venezolana.
Quién se quedó con el dinero
Las estimaciones financieras procesadas por SOS Orinoco hasta 2024 exponen con precisión el reparto de las ganancias de la explotación ilegal del oro. El 66% de los beneficios netos, equivalente a 3,73 millardos de dólares, quedó concentrado en manos de jerarcas militares y civiles de la administración estatal. Los grupos armados irregulares y bandas criminales que ejercían el control territorial y la seguridad operativa de los yacimientos percibían el 20%, unos 1,13 millardos de dólares. El Estado venezolano, en contraste, apenas recibía el 8% de los ingresos por vía fiscal, equivalente a 455 millones de dólares, mientras que las reservas del Banco Central captaban un 6%, correspondiente a 337 millones.
Los números no dejan espacio para la ambigüedad: el régimen chavista no perdió el control de las minas. Las entregó, cobró su parte y dejó que el resto del país pagara las consecuencias.
El colapso de la mina Bulla Loca en 2024, que dejó 16 muertos y 36 heridos, fue citado por la ONG como una de las consecuencias más visibles del caos operativo generado por este modelo. Un modelo que no fue una falla del Estado, sino su diseño deliberado.
