«Todo preso político es un espejo en el que el Estado no quiere mirarse». La frase, de autor anónimo, resume con precisión lo que vivieron 14 funcionarios de la Policía de Chacao, detenidos arbitrariamente en 2016, torturados, aislados y acusados sin prueba alguna del asesinato del periodista oficialista Ricardo Durán, en lo que expertos, abogados y los propios implicados describen como una operación política del régimen de Nicolás Maduro para intervenir el único municipio caraqueño donde las protestas se desarrollaban sin represión.
El 2016 era un año de convulsión social, la ciudadanía aún cargaba con la represión brutal de las protestas de 2014, y aunque la oposición había conquistado la mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo bloqueaba sistemáticamente cada decisión del parlamento. El malestar era total: escasez de alimentos, inflación galopante, colapso de los servicios públicos, abandono de los hospitales y una criminalidad en ascenso.
Las protestas no paraban. Y eran reprimidas en toda la Gran Caracas, excepto en un municipio: Chacao.
«La policía de Chacao de alguna manera hacía lo que le correspondía conforme a la ley. Frente a la protesta ciudadana hay que proteger el derecho a la protesta. Entonces recuerda que en esa época, mucha gente se concentraba en Chacao y no tenía una respuesta represiva por parte de la policía. Eso es lo que el régimen temía», explicó el abogado binacional y exfiscal Zair Mundaray.
Polichacao era, en esos años, una de las pocas instituciones policiales del país con la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Sus funcionarios eran bien entrenados, respetuosos de los derechos humanos y mantenían una comunicación directa con la comunidad. Un chiste famoso entre los caraqueños decía que en Chacao no se podía estacionar en cualquier lado porque los policías hacían respetar la ley. Para el régimen, esa institución era un obstáculo que había que eliminar.
La carta bajo la manga
Ricardo Durán, periodista adepto del régimen, fue asesinado en enero de 2016. El chavismo no actuó de inmediato. Guardó ese crimen como una carta bajo la manga durante seis meses, hasta que en junio de ese año el entonces ministro del Interior, Gustavo González López, hoy ministro de Defensa del gobierno de Delcy Rodríguez, intervino el cuerpo policial con señalamientos de corrupción e irregularidades.
El 20 de junio, González López dio un paso más y acusó públicamente a 14 funcionarios de Polichacao de ser los autores materiales del asesinato del comunicador, vinculándolos con un arma que había sido decomisada por el propio cuerpo policial en diciembre de 2015 y que seguía bajo su custodia.
«La única prueba que tenían eran dos declaraciones de delincuentes confesos, presos por homicidios y secuestros, que no tenían nada que ver con el caso. No había absolutamente nada que nos involucrara», denunció Ángel Sánchez, uno de los 14 afectados.
Para la defensora de derechos humanos Martha Tineo, integrante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, el patrón era claro: «La manera de intervenir esa policía municipal era implicar a un grupo de funcionarios en la supuesta comisión de un crimen que desde el inicio se sabía que estas personas no habían tenido ninguna participación».
La rueda de prensa que cambió 14 vidas
Algunos de los funcionarios vieron la acusación en televisión. Otros se enteraron por terceros. Eduardo Salazar la vio mientras preparaba el almuerzo con su hijo.
«Encendí el televisor y veo que interrumpen en cadena nacional al ministro González López haciendo las acusaciones infames en nuestra contra. Estaba junto a mi hijo y fue como si me hubiesen echado un balde de agua fría. Le dije: tú eres el hombre de la casa. Durante un buen tiempo no vamos a estar aquí. Ten paciencia, que todo va a salir bien, porque estamos en manos de Dios. Siempre hemos hecho las cosas bien», relató Salazar.
Venus Medina, una de las dos mujeres del grupo, se encontraba iniciando su turno cuando escuchó los rumores de la rueda de prensa. «Lo primero que pensé fue en mi hijo. Y lo segundo fue que, a pesar del impacto, mi convicción fue ponerme a derecho porque somos inocentes», dijo.
Respaldados por el alcalde Ramón Muchacho, los 14 se pusieron a la orden del CICPC, convencidos de su inocencia y confiando en el sistema de justicia. Fue una confianza que el régimen aprovecharía para destruirlos.
Elegidos a dedo
Al llegar a la sede de la Policía Científica, el comisario Daniel Álvarez los recibió con una frase que lo dijo todo: solo necesitaba 14. Trece fueron elegidos a dedo. Fred Mavares fue señalado por tener un cargo más elevado. Dos funcionarios que llegaron tarde fueron despachados porque ya tenían «la cuota».
«Cuando vi al comisario Álvarez descartar así como al azar, dije: esto no es una investigación seria en ningún momento. Algo tan a la ligera, siendo él jefe de homicidio. Pude haber pensado que en tres o cuatro días esto sería un show político y nos iban a liberar», recordó Mavares.
Lo que no sabían era que semanas antes de la rueda de prensa, un inspector jefe del CICPC ya los había abordado para negociar la entrega de uno o varios funcionarios que se declararan culpables. «Las amenazas eran que si no nos declarábamos culpables íbamos a pagar mínimo 30 años de cárcel. Nosotros siempre nos opusimos a esa aberrante negociación», denunció Salazar.
Tres días en un pasillo, sin agua ni baño
Los 14 funcionarios quedaron retenidos en la sede del CICPC, no en celdas con presos comunes sino en un pasillo, durante tres días. Sin agua, sin comida, sin acceso al baño. Irónicamente, los propios funcionarios del CICPC les transmitían palabras de apoyo.
«Todo el mundo nos decía que sabían que éramos inocentes, que no teníamos nada que ver, que estábamos siendo involucrados en un procedimiento político», relató Sánchez.
Venus Medina describió lo que atraviesa la mente en esas primeras horas: «La vida te cambia en segundos. Un día estás durmiendo con tu hijo y al siguiente estás sometido a un proceso sin saber qué va a suceder. Estás en un estado de shock, entrando en una pesadilla, con un montón de pensamientos al mismo tiempo. Yo no pensaba en mí, pensaba en mi hijo, en mi mamá, en mi papá, en el impacto que esto iba a tener en sus vidas».
La audiencia que era un teatro
Cuando finalmente fueron trasladados al Palacio de Justicia para la audiencia de presentación, los fiscales no presentaron ninguna prueba. La jueza les preguntó si alguien quería declarar y los 14 levantaron la mano al unísono. En medio de la audiencia, la jueza recibió una llamada, se levantó y suspendió la sesión.
Antes de que terminara ese primer día, un funcionario pasó por las celdas provisionales con una pila de carpetas bajo el brazo y les confesó la verdad: el caso ya estaba armado, y tenían órdenes de traslado al Helicoide.
«Nos dijo: eso que están haciendo ahí es una pantomima, ya estos oficios están listos, ustedes tienen orden de traslado al Sebin. Eso fue otro baño de agua fría. Muchos compañeros se pusieron a llorar. Otros quedamos mudos, en blanco. En ese momento me di cuenta de que nuestra salida no dependía de los tribunales, sino directamente de la voluntad política del gobierno», relató Salazar.
La psicóloga María Isabel Parada, quien ha trabajado con víctimas de detención arbitraria en Venezuela, explicó que aplicando la escala de trauma de Davison, el momento que los ex presos recuerdan con mayor claridad traumática es precisamente ese primero: «La hora, el ruido, el lugar, cómo fue, cómo lo sintieron sus familiares. Personas que tuvieron meses y personas que tuvieron años todavía recuerdan con una claridad pasmosa ese instante».
