La ONG Foro Penal ha denunciado que el Tribunal de Apelación del estado Aragua ha declarado improcedente la solicitud de Amnistía presentada a favor de los policías metropolitanos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, detenidos desde el 19 de abril de 2003 por los hechos ocurridos en Puente Llaguno durante el golpe de Estado de 2002.
La decisión actualmente contenida en la Boleta de Notificación N.º 051-26, fue firmada por la jueza Rita Lucina Faga de Lauretta, presidenta de la Sala 1 del circuito judicial penal de Aragua. En el documento, el tribunal se declara competente para conocer la solicitud, pero la rechaza.
Bolívar y Molina fueron condenados por los delitos de homicidio calificado frustrado, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva, y uso indebido de arma de fuego, en una causa que ha sido denunciada por diversas organizaciones como emblemática de la persecución judicial en Venezuela, por la cual ya han cumplido más de dos décadas detenidos.
Con información de Monitoreamos
Un patrón de exclusión que se repite
Este caso se suma a una serie de decisiones judiciales que han negado el beneficio de la amnistía a presos políticos, periodistas, sindicalistas y dirigentes opositores.
El abogado Perkins Rocha, asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática, informó recientemente que el Tribunal Especial Primero de Terrorismo declaró “sin lugar” su solicitud de amnistía, alegando que se encuentra dentro de los supuestos de exclusión previstos en la ley. Rocha anunció que apelará la decisión y denunció que el fallo contradice el espíritu del instrumento legal.
También fue negada la amnistía al coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez, quien acusó al régimen de utilizar al Tribunal Supremo de Justicia como un ente subordinado para encarcelar adversarios políticos.
En el ámbito de la prensa, el SNTP reportó que el Tribunal 22 de Juicio rechazó la solicitud de amnistía de la periodista Nakary Mena y del productor Gianni González, excarcelados en enero bajo medidas restrictivas. El Colegio Nacional de Periodistas calificó la negativa como una confirmación del “patrón de persecución judicial”.
El movimiento sindical también ha sido afectado. El abogado de Provea Eduardo Torres denunció que los tribunales negaron la amnistía a los seis sindicalistas condenados en 2023 por supuesta conspiración, quienes siguen bajo medidas cautelares sin libertad plena.
