El régimen de Delcy Rodríguez mantiene presa a la adolescente Samantha Hernández

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El abogado defensor de Derechos Humanos, Eduardo Torres, ha denunciado que el régimen mantiene secuestrada a la adolescente Samantha Hernández, de 16 años, luego de que un tribunal volviera a diferir su audiencia, la quinta suspensión consecutiva desde su detención.

Torres tildó a los operadores judiciales como “juristas del horror del sistema de injusticias de Venezuela” y ha asegurado que tanto Samantha como su hermana Aranza Hernández, permanecen privadas de libertad por ser familiares de un militar venezolano.

“Samantha, 16 añitos, la última adolescente presa de los que agarraron luego de las elecciones del 28 de julio. Igual su hermana Aranza. Hermanas de un teniente venezolano del glorioso y libertario ejército de Bolívar. Ya basta”, expresó.

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El abogado exigió la liberación inmediata de ambas jóvenes y llamó a todas las instituciones del Estado a intervenir: “El llamado es a los tribunales. Exigimos justicia. El llamado a la Asamblea Nacional Chavista. Aquí está un caso para hacerle seguimiento. El llamado es a Delcy Rodríguez. El llamado es a Jorge Rodríguez. Libertad para todos los presos políticos”.

Torres también pidió la atención de la comunidad internacional, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes les advirtió que “esto sigue pasando en Venezuela” y que el país necesita “certidumbre jurídica y confianza”.

Persecución familiar

Samantha, la última adolescente que sigue encarcelada por motivos políticos en Venezuela, es víctima del llamado método Sippenhaft, una práctica de persecución aplicada por el nazismo contra familiares de opositores o disidentes.

Fue detenida, junto a su hermana Aranza, el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por ser hermanas de un militar venezolano que se encuentra en el exilio.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, se registró un patrón de detenciones de familiares de militares y activistas, muchas de ellas sin debido proceso.

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